La Paz, 23 de enero de 2026 (ANF).- El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) condicionó su respaldo a la futura Ley del Litio al cumplimiento estricto de la Constitución Política del Estado y a la garantía de la consulta previa a las regiones y comunidades donde se encuentran los salares. Así lo afirmó Alberto Pérez, representante de la entidad cívica, quien remarcó que cualquier norma sobre el principal recurso estratégico del país debe nacer del consenso de los departamentos productores, principalmente Potosí y Oruro.
Pérez sostuvo que el proyecto de ley actualmente en tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional debe ser devuelto a “foja cero”, con el objetivo de unificar las diversas iniciativas existentes en un solo cuerpo normativo. En ese marco, Comcipo impulsa la realización de una “Cumbre del Litio”, prevista para febrero, donde se articulen las propuestas regionales, entre ellas la planteada por Nor Lípez a través de Iván Calcina, secretario general de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (Cupconl).
“El litio no puede legislarse de espaldas a las regiones productoras ni repetir errores del pasado. Necesitamos una sola ley, construida con consenso, que respete la Constitución y garantice la consulta previa”, señaló Pérez a ANF, al advertir que sin estos principios cualquier normativa carecerá de legitimidad social.
Uno de los puntos centrales de la postura de Comcipo es la preocupación por el impacto ambiental de los proyectos de explotación. Pérez subrayó que la ley debe incorporar estudios rigurosos sobre el uso y disponibilidad del agua, un recurso escaso y vital para el sudoeste potosino.
“No se puede sacrificar el futuro de la región por una explotación irresponsable”, afirmó.
Asimismo, el dirigente cívico reiteró la demanda de que el domicilio legal de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) se establezca en Potosí, como una señal de reconocimiento al departamento que alberga el Salar de Uyuni y la mayor reserva de litio del país.
La nueva Ley del Litio busca establecer un marco legal integral para la prospección, explotación, industrialización y comercialización del recurso, superando la normativa fragmentada vigente.
El proyecto también plantea delimitar áreas del Salar de Uyuni como reserva turística protegida, fortalecer la participación estatal a través de YLB, garantizar transferencia tecnológica y regular asociaciones con empresas privadas y extranjeras, incorporando reglas claras sobre regalías, responsabilidad ambiental y consulta previa.
Para Comcipo, ese equilibrio solo será posible si la ley se construye con las regiones y no sin ellas.
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