La Paz, 31 de agosto de 2022 (ANF).- Bajo el Modelo Económico Social Comunitario y Productivo implementado por la gestión gubernamental del Movimiento Al Socialismo (MAS), el contrabando se ha convertido en una manera de generación de empleo u ocupación, y en una forma de vida, ante lo cual se plantea mejorar la competitividad de los productos nacionales y abrir las fronteras antes que endurecer las sanciones o incrementar la interdicción.
“Bajo este Modelo, el contrabando se ha vuelto en una forma de generación de empleo y forma de vida para muchos bolivianos, porque por este modelo junto con el tipo de cambio fijo y con la cantidad de recursos destinados al consumo, ha hecho que el nivel de consumo de los bolivianos sea tan grande que opten por la portación de productos legales o ilegales”, sostuvo el analista económico y financiero, Jaime Dunn, en entrevista con ANF.
Este modelo económico fue implementado por la administración del MAS desde 2006 y tiene el objetivo de generar transformación productiva, modificar el modelo primario exportador, distribuir la riqueza en forma equitativa, transfiriendo los excedentes de los sectores potenciales de excedente, como la minería, hidrocarburos, energía eléctrica, y recursos ambientales hacia los sectores manufacturero, industria, turismo y desarrollo agropecuario, según su doctrina.
Explicó que actualmente el contrabando es un tema estructural que se ha institucionalizado en el país y se ha convertido en una especie de entidad financiera, que pese a que está al margen de la ley, ya es un modo de vida de muchos bolivianos. De acuerdo a recientes datos, dijo Dunn, el 60% de las nuevas fuentes de trabajo creadas en el país ha sido en el sector del comercio informal.
“El contrabando en Bolivia es tan grande que se estima que más o menos dos millones de bolivianos viven de eso, hay que hacer un estudio muy minucioso y análisis muy profundo para ver la mejor manera de luchar contra el contrabando por su magnitud en el país”, indicó Dunn.
Reducción de la mínima cuantía
La masificación de esta problemática es conocida y admitida por el Gobierno que actualmente busca maneras de luchar o reducir el impacto a través de normas que endurezcan las sanciones. El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, afirmó que existe la necesidad de hacerlo reduciendo de 200.000 a 10.000 UFV (Unidad de Fomento de Vivienda) el tope de cantidad permitida por contrabando, que no amerita proceso penal.
“Existe la necesidad de endurecer más la lucha contra el contrabando, tiene que existir mayores sanciones. En eso estamos trabajando, en fortalecer la ley 1053 y poder disminuir la cantidad de mercancías que, en algún momento, solo se reduce a una contravención”, sostuvo en entrevista con ANF.
La Ley 1053 de Fortalecimiento de la Lucha contra el Contrabando, de 2018, incrementa de 10.000 UFV hasta 200.000 UFV el límite para que una mercadería identificada como contrabando no reciba las sanciones penales.
Vargas dijo que por este motivo existen muy pocas personas detenidas en las cárceles por el delito de contrabando ya que la actividad es penada solo si se ingresan grandes cantidades de mercancías (mayores a las 200.000 UFV). “Estamos en eso en reducir al mínimo la cantidad de mercancías que pueden ingresar”.
La Cámara Nacional de Industria (CNI) realizó un cálculo aproximado de que las 200.000 UFV permitidas equivalen hasta cinco camiones con mercadería de contrabando, en tanto que las 10.000 UFV solo significan un camión.
“Entonces, actualmente, estos cinco camiones que pueden meter con estas 200.000 UFV solamente llega a ser una contravención, no un delito; es decir, le quitan el vehículo y la mercancía lo comisan totalmente, o pueden pagar el valor de la mercancía. Si pasan los 200.000 UFV ahí recién se convierte en delito y recién la persona puede ir a la cárcel. Se está buscando reducir este tope”, explicó Vargas.
Sin embargo, admitió que esta reducción podría resultar contraproducente, debido a la gran cantidad de personas dedicadas al ilícito, “mucha gente estaría entrando a las cárceles”.
Para excoronel del Ejército, abogado y entendido en la temática, Jorge Santistevan, la reducción de la mínima cuantía solo favorecerá el contrabando porque quienes se dedican al ilícito “son parte del Gobierno y son los grandes inversores de de esta actividad”. “Eso solo debilitará la economía boliviana a la larga, no es una medida de solución porque implica seguir permitiendo el contrabando y lo ilegal”, dijo a ANF.
Explicó que los clanes familiares y organizaciones que participan en el contrabando tienen la capacidad de poner a terceras y cuartas personas en la actividad por lo que el ilícito continuará. “Los contrabandistas mantendrán la misma inversión, poniendo a sus palos blancos y ajenos para realizar el ingreso o salida del contrabando”.
Ante ello, afirmó que las mejores acciones a realizar en la lucha contra el contrabando es cruzar la investigación de los clanes y organizaciones dedicadas al ilícito e incrementar los centros de control o retenes en los todos los puntos de ingreso del contrabando.
“La interdicción debe ir en el horario, lugares y con medios suficientes para controlar el contrabando hacia y desde el país. En la medida que no se acompañe esa actividad con justicia e investigación adecuada todo será en vano”, afirmó Santistevan.
Agregó que la voluntad no solo debe ser con la emisión de leyes “porque todo está corrompido”, las leyes no se cumplen ni dan resultados, además que “las coimas en los lugares de control funcionan mejor que la ley”.
En cambio, desde la visión del economista Dunn la manera de luchar contra el contrabando no pasa por endurecer las sanciones o hacer más actividades de interdicción sino lograr que la actividad sea menos rentable a través de generar mayor competitividad de los productores bolivianos.
“Dada la realidad de lo que es el trabajo en Bolivia, se tendría que pensar en políticas a mediano y largo plazo donde simplemente se elimine las barreras arancelarias para todos los bolivianos. La mejor manera de luchar contra el contrabando no es hacer más interdicción o multas; por la magnitud de la actividad, se deben tomar medidas que abran las fronteras y tener más comercio libre”, dijo Dunn.
Propagación y criminalidad
Según el viceministro Vargas, el contrabando se propaga en las ciudades capitales con el crecimiento del comercio informal, centros comerciales con mercadería de contrabando, lo que recrudeció con la pandemia y el desempleo que se generó. “También hay jóvenes que vienen de Santa Cruz en especie de aventura a meter vehículos indocumentados”.
Añadió que antes el contrabando se identificaba como clanes familiares que existían en el altiplano y en la frontera sur del país, pero hoy en día “hemos visto que esos clanes se han convertido en organizaciones delictivas y organizaciones criminales, porque ya tienen una organización de gente preparada, instruida, que le acompaña, que hace todas las veces de avanzada con personas que están infiltradas también en diferentes instituciones” que alertan sobre los operativos.
“Hemos detectado que hay personas identificadas en las Fuerzas Armadas, en la Policía y en otras instituciones, que no voy a dar el nombre por razones obvias, pero existen estas personas (implicadas en el contrabando), es toda una organización”, apuntó Vargas.
El grado de criminalidad del contrabando se expresa en el uso de sofisticados artefactos de comunicación, uso de armas de fuego, bombas molotov, explosivos y dinamitas, de forma frecuente, y "miguelitos" no convencionales que destrozan en su totalidad las llantas de los motorizados.
De acuerdo con la autoridad, por la ubicación del país, al centro de Sudamérica, está rodeado por cinco países que tienen una gran capacidad de producción de diferentes artículos.
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