La Paz, 25 de febrero de 2026 (ANF).- La promulgación del arancel cero a la importación de soya, como una medida técnica del Gobierno para “fortalecer la producción de subproductos”, ha generado una confrontación de puntos de vista e intereses. Mientras la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) minimiza su impacto y la asume como una concesión dentro de una negociación mayor, organizaciones de pequeños productores y analistas advierten que la política distorsiona el mercado, presiona a la baja los precios internos y favorece de manera desproporcionada a la industria.
El Decreto Supremo 5547, promulgado por el Ejecutivo, establece arancel cero para la importación del grano de soya hasta el 31 de diciembre de 2026. Según el Gobierno, la norma busca responder a la oferta y demanda interna y asegurar materia prima para la industria. Sin embargo, esta versión es cuestionada por el Comité de Defensa de los Productores (Codepro), que representa a pequeños productores.
Edward Condo, presidente de Codepro, afirmó que la medida carece de justificación técnica y social. “No existe ninguna necesidad de importar soya cuando Bolivia tiene superávit de producción”, sostuvo en contacto con ANF, y remarcó que la decisión fue tomada sin consenso con el sector que representa.
Para Condo, el impacto más inmediato ya se siente en el precio: las industrias, al tener la opción de importar grano más barato, están ofreciendo entre 280 y 300 dólares por tonelada de soya nacional, un valor que —según denunció— no cubre los costos de producción, encarecidos por el alto precio de fertilizantes e insumos.
Desde su perspectiva, el arancel cero no protege al productor primario, sino que beneficia a los industriales. “Si el Gobierno realmente quisiera apoyar al pequeño productor, debería liberar de impuestos la importación de agroinsumos y maquinaria, no el grano que nosotros producimos”, afirmó.
Además, alertó sobre una posible triangulación comercial: soya importada que ingresa al país, se procesa y luego se exporta a mercados como Perú en forma de aceite o torta, generando divisas para la industria, pero sin un beneficio directo para el agricultor. Ante este escenario, Codepro declaró al sector en “alerta máxima” y no descarta medidas de presión.
El economista Martín Moreira coincidió en que el arancel cero introduce una fuerte distorsión del mercado. Explicó que la industria molinera boliviana opera habitualmente entre el 70% y 80% de su capacidad, porque la producción nacional no siempre logra abastecerla por completo. Con la importación libre de aranceles, las empresas podrán traer soya de Brasil o Argentina —a precios significativamente menores— y operar al 100% de su capacidad, incrementando sus márgenes de ganancia.
Para Moreira, el Estado está actuando de manera abiertamente favorable al gran empresariado: “No solo compran materia prima más barata, ahora tampoco pagan aranceles, pero siguen vendiendo los derivados con precios altos”, dijo a ANF.
Como ejemplo, mencionó el aceite comestible, cuyo precio —según su análisis— debería rondar los 10 bolivianos por litro, pero se comercializa cerca de los 18,50, sin que la rebaja en costos se traslade al consumidor.
El economista también advirtió riesgos externos. Dijo que Bolivia podría perder ventajas en su “mercado natural” de la Comunidad Andina, que exige que el aceite y la harina se elaboren con soya de origen nacional. Y si la industria procesa grano importado, deberá buscar destinos más lejanos, como China, encareciendo la logística.
A esto se suma, indicó, la pérdida de recaudación por aranceles y un menor control estatal sobre las divisas, además del incentivo a ampliar la frontera agrícola, con el consiguiente aumento de la deforestación.
Desde Anapo, en cambio, el tono es más moderado. Su presidente, Abraham Nogales, considera que el arancel cero es innecesario, pero aseguró que no tendrá un impacto real en el mercado. Argumentó que Bolivia produce alrededor de 3 millones de toneladas de soya al año y solo requiere unas 600.000 para el consumo interno, lo que deja un excedente superior al 80%.
En ese contexto, sostuvo, en rueda de prensa, que los altos costos logísticos hacen poco competitiva la importación, incluso sin aranceles.
Nogales también señaló que la medida es, en parte, redundante, ya que Bolivia, como miembro del Mercosur, ya contaba con ventajas arancelarias dentro del bloque. Para Anapo, la aceptación del decreto forma parte de un acuerdo político mayor: avanzar hacia un “libre mercado” con la liberación plena e irrestricta de las exportaciones de grano, sin cupos ni certificaciones.
En lo que va de 2026, el Ejecutivo autorizó la exportación de 880.000 toneladas de soya y eliminó controles de precios y cupos en los subproductos. Según datos de Anapo, en la última década el complejo soya generó más de 12.160 millones de dólares en exportaciones.
/FC/JA
Articulo sin comentarios
