La Paz, 23 de noviembre (ANF).- La Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera (AJAM) alertó sobre el riesgo de fuga de los siete ciudadanos chinos liberados en las últimas horas, tras ser imputados por realizar explotación ilegal de oro en la comunidad Mayaya del municipio de Guanay en el norte de La Paz. Pidió que sean juzgados y sentenciados con la máxima pena de ocho años de privación de libertad.
El director de la AJAM, Erik Ariñez, dijo que la lucha en contra de la minería ilegal en el país se ve disminuida por acciones judiciales como las cometidas por el juez Séptimo de Instrucción en lo Penal, Juan Carlos Garfias, quien “a pesar de las pruebas en contra de tres bolivianos y siete chinos aprehendidos en plena faena aurífera, determinó la cesación de la detención” de los asiáticos.
“Nos enteramos que en audiencia de cesación de detención con una valoración negativa el juez se justificó que no hay peligro de fuga (de los chinos) porque no podían salir del país, que tienen familia pero en China, y que tienen domicilio porque surgió una dirección en la zona de Miraflores (…). Por supuesto que hay riesgo que salgan del país, y justificar que tienen familia en China o domicilio en determinado lugar no es correcto”, cuestionó.
“Ingresaron legalmente”
El Director de AJAM informó que los chinos ingresaron al país de manera legal, pero que realizaban actividad minera en un área libre; es decir, sin derecho propietario ni autorización.
“La minería ilegal se da cuando personas explotan en un área libre sin derecho minero, donde no hay autorización para hacer actividad minera, si estos extranjeros hubieren firmado un contrato o hubieran sido contratados por una empresa con derechos mineros o autorización transitoria ya no sería minería ilegal, sería un avasallamiento”, explicó.
Las medidas sustitutivas que deberán cumplir los imputados son la prohibición de la salida del país (arraigo), presentación cada 15 días ante el Ministerio Público y la prohibición de concurrir a lugares de expendio de bebidas alcohólicas.
El juez Garfias Pomar determinó una fianza económica de 15 mil bolivianos para cada uno de los ciudadanos chinos. Las evidencias encontradas por la AJAM, con el apoyo de las FFAA, para realizar este ilícito fueron dragas, palas mecánicas, chancadoras, volquetas, entre otras.
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