La Paz, 25 de marzo de 2026 (ANF).- Las muertes de conscriptos en cuarteles militares y centros de formación policial en Bolivia continúan repitiéndose bajo un patrón de violencia, opacidad e impunidad, según denunciaron a ANF activistas de derechos humanos, quienes advirtieron que los mecanismos internos de control no solo han sido ineficaces, sino que en muchos casos han contribuido a encubrir los hechos.
La vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera, afirmó que estos casos no son hechos aislados, sino parte de una problemática estructural que se mantiene sin cambios significativos a lo largo de los años.
“Las muertes en los cuarteles y centros como la Academia Nacional de Policía siguen siendo recurrentes, pese a la existencia de unidades de derechos humanos dentro de estas instituciones”, sostuvo en contacto con ANF.
Según Herrera, estas instancias, lejos de garantizar transparencia, funcionan como mecanismos para reducir la visibilidad de situaciones graves. “Se termina encubriendo hechos de violencia bajo un manto de impunidad”, señaló.
La activista explicó que muchos jóvenes ingresan al servicio militar en buen estado de salud, pero terminan con lesiones graves o pierden la vida en circunstancias cuestionables. Entre las causas más frecuentes mencionó castigos físicos extremos, supuestos accidentes durante entrenamientos y negligencia médica.
“Hay casos en los que una lesión inicial se agrava por falta de atención oportuna, lo que deriva en la muerte del conscripto”, alertó.
Uno de los hechos más recientes que ha generado preocupación es el caso del soldado Reynaldo Javier Charca, fallecido en Pando. Herrera indicó que la familia denunció presuntas irregularidades graves, incluyendo la posible extracción de órganos.
“La autopsia no brindó certeza ni transparencia, y no se permitió la presencia de un perito independiente”, cuestionó, al advertir además la vulnerabilidad de zonas fronterizas frente a delitos como el tráfico de órganos.
Las cifras reflejan la dimensión del problema. De acuerdo con datos citados por la representante de derechos humanos, con información de la Defensoría del Pueblo, entre 2011 y 2023 se registraron entre 62 y más de 90 fallecimientos de conscriptos en cuarteles. Sin embargo, apenas dos casos derivaron en sanciones, lo que evidencia, según Herrera, un “altísimo nivel de impunidad”.
Para la activista, uno de los principales obstáculos es el carácter cerrado de las Fuerzas Armadas. “Se amparan en su rol de defensa de la soberanía para evitar controles externos, lo que dificulta el acceso a la verdad”, indicó. A ello se suma el uso de sumarios internos militares, que —según denunció— sirven para diluir responsabilidades antes de que los casos lleguen a la justicia ordinaria. “Estos procesos terminan desgastando y amedrentando a las familias”, añadió.
El activista de derechos humanos David Inca sostuvo que las muertes y agresiones contra conscriptos son un fenómeno recurrente en distintas regiones del país. A su juicio, las instancias creadas para supervisar el respeto a los derechos humanos dentro del Ejército no cumplen su función.
“La Oficina de Derechos Humanos del Ejército es solo de pantalla. Cuando se piden informes, la respuesta se limita a remitir a investigaciones internas que no garantizan transparencia”, afirmó.
Inca cuestionó que, ante hechos que podrían constituir delitos como homicidio o asesinato, no exista una intervención inmediata del Ministerio Público. “No se puede justificar la demora con investigaciones internas cuando se trata de la pérdida de una vida”, remarcó.
Sobre el caso de Pando, coincidió en señalar graves irregularidades. “Se realizaron dos autopsias sin informar sobre la posible extracción de órganos. Fue la insistencia de la familia la que permitió visibilizar estas inconsistencias”, denunció.
Para el activista, este tipo de situaciones refleja un encubrimiento institucional sostenido por la lógica de obediencia de mando y la camaradería dentro de los cuarteles.
Ambos activistas coinciden en que el problema es estructural y responde a una doctrina que no ha sido modificada. Inca señaló que persiste una cultura de obediencia debida que frena las investigaciones, mientras que la formación en derechos humanos dentro de las fuerzas es superficial. “Son cursos que sirven para aprobar materias, pero no generan cambios reales”, sostuvo.
En la última década, investigaciones periodísticas y reportes de organismos de derechos humanos han documentado decenas de muertes de conscriptos en circunstancias violentas o no esclarecidas. Las causas van desde golpizas y torturas hasta negligencia médica o supuestos accidentes, muchas veces cuestionados por las familias.
La mayoría de los casos se tramita en la justicia militar, mediante sumarios internos que suelen mantenerse en reserva, lo que limita el acceso a la justicia ordinaria. Las sanciones, cuando existen, son principalmente disciplinarias y no penales.
La Defensoría del Pueblo advirtió que estas muertes ocurren bajo custodia del Estado, lo que implica una responsabilidad directa en la protección de la vida e integridad de los conscriptos, así como en la investigación de los hechos con debida diligencia.
A nivel internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los Estados tienen control total sobre las personas que cumplen servicio militar, por lo que deben rendir cuentas por cualquier lesión o muerte.
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