La Paz, 28 de octubre de 2025 (ANF).- A cuatro años del secuestro y tortura de siete periodistas en el predio Las Londras, en la provincia Guarayos (Santa Cruz), las víctimas continúan sin justicia y los agresores permanecen en libertad. Este hecho, ocurrido el 28 de octubre de 2021, se ha convertido en un símbolo de la impunidad estructural que afecta al ejercicio del periodismo en Bolivia.
El Informe Especial Las Londras, elaborado por organizaciones de periodistas y derechos humanos, recuerda que ese día un grupo armado encapuchado emboscó a una caravana integrada por comunicadores, policías y trabajadores agrícolas. Los periodistas fueron retenidos por más de ocho horas, golpeados, torturados y amenazados de muerte, mientras los agresores destruían sus equipos y material de trabajo para impedir la difusión de los hechos.
Cuatro años después, el proceso judicial sigue paralizado. Tres de los imputados se encuentran en rebeldía y los otros dos enfrentan el juicio en libertad. La causa fue suspendida tras un recurso de declinatoria que busca llevar el caso a la jurisdicción indígena originaria campesina, una maniobra que, según las víctimas, constituye una forma de revictimización y un intento de evadir la justicia ordinaria.
“El caso Las Londras sintetiza las fallas estructurales del sistema judicial boliviano frente a los ataques contra la prensa: inacción estatal, dilación procesal, manipulación de la justicia y desprotección de las víctimas. Cuatro años después, no existe una sola condena y los agresores permanecen impunes, enviando un mensaje peligroso de tolerancia hacia la violencia contra periodistas”, dice el informe sobre el caso Las Londras.
El informe advierte que las dilaciones, los cambios arbitrarios de fiscales y la falta de debida diligencia evidencian la falla estructural del sistema judicial boliviano para garantizar justicia y protección a la prensa. Esta impunidad, señala el documento, no solo afecta a las víctimas directas, sino que envía un mensaje de intimidación al conjunto del periodismo nacional y limita el derecho ciudadano a recibir información veraz y plural.
“Cuando los agresores de periodistas no son sancionados, se consolida un efecto de censura y autocensura que debilita la democracia”, sostiene el texto, recordando que la libertad de expresión es un pilar esencial del Estado de derecho.
El informe también insta al Estado boliviano a cumplir con sus obligaciones internacionales y adoptar medidas urgentes, entre ellas: la reanudación inmediata del juicio oral, la creación de un Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas como Defensores de Derechos Humanos, y la implementación de políticas efectivas de reparación y no repetición.
“La impunidad no es solo una injusticia individual, sino una amenaza colectiva. Cuando se silencia a la prensa, se vulnera el derecho de toda la sociedad a conocer la verdad”, sostienen los periodistas.
El caso Las Londras sigue siendo una herida abierta para el periodismo boliviano. A cuatro años, las víctimas continúan exigiendo verdad y justicia.
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