La Paz, 23 de febrero de 2026 (ANF).- La comunidad de Seke Jahuira, ubicada en el municipio de Viacha, arrastra una crisis ambiental y social que sus habitantes describen como límite. La actividad minera intensiva, desarrollada sin interrupción durante las 24 horas del día, ha provocado una contaminación generalizada por metales pesados que ya afecta cultivos, aire, suelo y la salud de la población, pese a existir fallos judiciales que ordenaron clausuras.
Pastor Carvajal, miembro del Consejo de Justicia de Seke Jahuira, advirtió que el territorio se ha vuelto “prácticamente inhabitable”. Desde su rol como autoridad comunitaria, ha encabezado las denuncias contra los ingenios mineros, una labor que —según relató— lo ha expuesto a amenazas constantes y a una situación de inseguridad que le impide circular libremente por su propia comunidad.
“Defender la vida aquí se ha vuelto un riesgo”, dijo a ANF.
Uno de los impactos más graves se registró en la agricultura, base de la subsistencia local. De acuerdo con Carvajal, la cosecha de papa de 2025 arrojó resultados alarmantes: se detectaron 1,11 gramos de mercurio en el tubérculo. Técnicos que realizaron las evaluaciones recomendaron no volver a sembrar ni cultivar en la zona, ya que el producto dejó de ser apto tanto para el consumo como para la comercialización.
El daño no es aislado. Entre 8 y 10 hectáreas de cultivos de papa en toda la comunidad estarían afectadas por los químicos utilizados en la minería. Aunque la apariencia externa del alimento no evidencia cambios drásticos, su carga tóxica convierte a la papa en un riesgo silencioso para las familias que dependen de ella.
También está la polución que no se limita al suelo. “Aquí ya no se puede ni respirar”, afirmó Carvajal al describir la contaminación del aire generada por los ingenios mineros. Según explicaciones técnicas recibidas por la comunidad, el mercurio se volatiliza durante el procesamiento del mineral y luego retorna al suelo con la lluvia, cerrando un ciclo que contamina no solo a Seke Jahuira, sino también a comunidades vecinas.
Actualmente operan entre 28 y 30 ingenios mineros, muchos de ellos de manera continua, lo que incrementa de forma permanente la carga contaminante sobre el territorio. La actividad no se ha detenido ni siquiera tras las inspecciones judiciales.
Impacto humano
El impacto humano es un foco de preocupación. En noviembre de 2025, comunarios se sometieron a análisis de sangre para detectar la presencia de metales pesados. Sin embargo, varios meses después, los resultados aún no han sido entregados. La demora alimenta la incertidumbre y el temor sobre posibles daños irreversibles en la salud, especialmente en niñas, niños y personas adultas mayores.
A este escenario se suma la inseguridad. Carvajal denunció amenazas directas por parte de sectores que defienden la actividad minera. “Hay miedo, pero también cansancio. Vivimos esperando respuestas que no llegan”, señaló.
Fallos ignorados
Pese a que la comunidad ganó una Acción Popular y a que un juez inspeccionó la zona y ordenó clausuras el 8 de octubre pasado, las empresas mineras continúan operando con normalidad. Para los comunarios, esto evidencia una profunda impunidad y una débil fiscalización estatal.
Carvajal cuestionó el rol de instituciones como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a las que acusó de facilitar procesos de legalización de ingenios —que habrían pasado de cinco a once con licencia— en lugar de proteger el territorio. Ante la falta de respuestas del gobierno nacional, el dirigente anunció que acudirá a instancias internacionales, incluidas las Naciones Unidas, para denunciar que en su comunidad “ya no se puede vivir”.
Silvia Colque, exsecretaria de actas de Seke Jahuira, ya advertía a mediados de 2025 que la contaminación minera no había mejorado, pese a las múltiples denuncias presentadas ante diversas autoridades.
Colque denunció vertidos clandestinos de desechos provenientes de diques mineros en áreas de cultivo y acusó a autoridades locales de indiferencia. “No se pronuncian, no ejecutan soluciones”, sostuvo entonces, en declaraciones a ANF, al tiempo que señaló a funcionarios que considera “vendidos” a las empresas mineras.
Antecedentes
Las primeras denuncias públicas organizadas se remontan a 2023 y 2024, cuando Seke Jahuira y comunidades aledañas comenzaron a alertar sobre derrames químicos y contaminación de fuentes de agua. En agosto de 2024, un informe oficial confirmó la presencia de cianuro en uno de los pozos de agua, validando científicamente lo que los pobladores denunciaban desde hacía años.
Desde entonces, la comunidad ha documentado que al menos 23 empresas mineras utilizan procesos químicos como el cianuro y vierten desechos en ríos, suelos y acuíferos desde hace más de una década.
Se conformaron comités interinstitucionales impulsados por la Defensoría del Pueblo, se realizaron inspecciones a 21 empresas y se tomaron muestras biológicas de pobladores. La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) incluso suspendió actividades mineras ilegales en Viacha tras hallar irregularidades ambientales.
Sin embargo, para Seke Jahuira, las medidas no han sido suficientes. La continuidad de las operaciones, incluso que aumentaron a 30, pese a clausuras administrativas y fallos judiciales, refuerza la percepción de complicidad estatal y deja a la comunidad atrapada entre la contaminación, el miedo y la ausencia de soluciones concretas.
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