La Paz, 10 de septiembre de 2025 (ANF).- El presidente del Tribunal Agroambiental, Richard Méndez, afirmó que existe un doble discurso del Gobierno sobre la protección de la Madre Tierra. Alertó que en las zonas de “sacrificio ambiental” provocado por la minería ilegal viven los pueblos indígenas que son los más afectados.
“Muy poco y podría decir que casi nada (de apoyo gubernamental). Hay un doble discurso, la madre tierra como sujeto de derecho debería ser tutelada, protegida por todas las entidades del Estado, incluida la jurisdicción ambiental”, sostuvo en declaraciones a Radio Fides.
Observó que aquellas entidades estatales que presuntamente pregonan que los pueblos indígenas son la reserva moral y que la pachamama debe ser protegida, sean las que “impugnen nuestra competencia”. “Una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos”.
La diputada María René Álvarez denunció hace semanas que la Vicepresidencia del Estado impugnó la competencia del Tribunal Agroambiental que dictó medidas para la protección del jaguar. Esa instancia admitió que hizo “consideraciones de carácter jurídico procesal respecto de las atribuciones y competencias reconocidas al Órgano Judicial, entre las cuales se evidencia ausencia normativa que faculte a éste llevar adelante el citado proceso”.
Este tribunal empezó a tener un rol activo, en el marco de sus competencias, respecto a los incendios forestales, a la protección del felino, asimismo, se pronunció sobre el uso de fauna silvestre en desfiles militares, entre otros. Desde que se creó la entidad los exmagistrados no habían asumido estas competencias en el ámbito ambiental.
La autoridad expresó su preocupación por la actividad minera ilegal que es la causa para los problemas de contaminación de los ríos y de las fuentes de agua, “matando la vida” y el derecho a acceder al líquido elemento que se constituye en un derecho fundamentalísimo.
Méndez señaló que no solo se está contaminando los ríos con mercurio que se usa para la extracción de oro, sino que “tenemos la certeza de que se está usando cianuro” en el río Tuichi.
Además de destruir los recursos de la biodiversidad, en las zonas de “sacrificio ambiental viven los pueblos indígenas, ellos son los más afectados”, alertó la autoridad.
Comentó que es necesario una minería sostenible que permita el desarrollo respetando el medio ambiente y todo lo que representa en su integridad, porque se van rompiendo los ciclos de vida. “No puede ser que haya autorizaciones de (explotación) sin estudios de evaluación ambiental”, porque no es suficiente un manifiesto ambiental.
“Los manifiestos ambientales son la regla cuando en el mundo no existe esa regla del manifiesto ambiental. Es decir que empiece la actividad (minera) y en el camino regularices tu autorización”.
Sostuvo que debe cambiar esa lógica porque la realidad es más contundente que la norma, en ese contexto exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar una ley para la jurisdiccional ambiental, mandato que está previsto en la Ley del Órgano Judicial de 2010.
Lamentó que haya transcurrido 15 años y que el Tribunal Agroambiental no cuente con una ley especial. “Hasta hoy no se hizo, hemos insistido que se trabaje esa ley, pero no hay voluntad política”, precisó a Radio Fides.
/NVG/
Articulo sin comentarios
