La Paz, 4 de marzo del 2026 (ANF). – El presidente de la Coordinadora de Defensa del río Desaguadero, lagos Uru Uru y Popoó (CORIDUP), Eloy Flores, denunció este miércoles que 89 comunidades en el departamento de Oruro fueron convertidas prácticamente en diques de cola porque reciben todos los desechos de las minas del Estado y las cooperativas legales e ilegales.
“Quisiéramos que nos acompañen para ver la situación en la que se encuentran las tierras de Machacamarca hacia abajo; están totalmente contaminadas. Se han convertido en diques de cola porque (las mineras) no tienen diques de cola, directamente largan sus aguas y las comunidades son afectadas y nosotros somos expulsados de nuestras tierras”, denunció Flores.
La directiva del denominado CORIDUP llegó hasta la ciudad de La Paz para exigir a la administración de Rodrigo Paz que escuchen el drama de las comunidades afectadas por la contaminación minera. Denunció que a las autoridades de Medio Ambiente no los atienden.
Al menos cuatro municipios y 89 comunidades que se encuentran en inmediaciones de la minera estatal Huanuni están siendo afectados por los desechos. Al desastre también se suman los desperdicios que arrojan las cooperativas legales e ilegales.
“El viceministro de Medio Ambiente (Jorge Ávila) no nos convoca, no dice nada. Llamamos, venimos permanentemente, pero hace oídos sordos a nuestra petición. Son casi 18 cooperativas que no tienen licencia ambiental. El que más contamina es la Empresa Minera Huanuni; aquí están las fotos”, señaló Flores.
El dirigente añadió que las comunidades sostuvieron reuniones, presentaron solicitudes formales y participaron de auditorías ambientales demandando soluciones concretas frente a la contaminación que está causando afecciones en la salud de los pobladores.
Los comunarios exigen el cumplimiento de la Sentencia Constitucional 1582/2022-52, que ordena al Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias declarar emergencia nacional ambiental para implementar medidas urgentes de prevención, mitigación, rehabilitación y recuperación de los daños ocasionados. Asimismo, piden que la Contraloría General del Estado realice auditorías ambientales.
Además, las comunidades denuncian que la contaminación minera dejó suelos improductivos, afectando gravemente a la agricultura y a los medios de vida tradicionales.
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