La Paz, 9 de octubre de 2025 (ANF).- Alberto Pérez Ramos, presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), manifestó su preocupación por el incremento de la contaminación minera en Potosí, atribuyendo esta situación al abandono institucional y a la falta de control efectivo de las autoridades competentes. Según el dirigente, la omisión de las entidades encargadas de fiscalizar la actividad minera ha permitido que el daño ambiental alcance niveles alarmantes.
Pérez fue contundente al afirmar que los reclamos de la población potosina “han sido en vano”. Denunció que los procesos legales impulsados por sectores cívicos y sociales no han tenido ningún resultado, pues —a su criterio— las autoridades prefieren proteger intereses económicos y políticos antes que el bienestar ambiental del departamento.
“Los reclamos cívicos se han estancado o han sido rechazados”, lamentó en contacto con ANF.
El presidente de Comcipo cuestionó con dureza la “negligencia institucional” de las instancias ambientales, tanto departamentales como municipales. “Las autoridades han estado dormidas, no existe una política de protección ambiental ni de salud pública”, denunció. En su evaluación, el Estado ha renunciado a su papel fiscalizador, permitiendo que la contaminación avance sin control.
Uno de los señalamientos más directos de Pérez fue contra la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), a la que acusa de priorizar beneficios económicos y políticos sobre la seguridad ambiental. “Comibol y el Ministerio de Minería están metidos en negociados. Se han olvidado de la gente y de la tierra”, expresó.
El dirigente también explicó que los factores económicos y políticos son determinantes en la expansión descontrolada de la actividad minera. “La minería se ha acelerado irresponsablemente porque los precios de los minerales están altos. Esto lleva a que se trabaje sin cuidado, sin control y sin respeto por el medioambiente”, indicó.
A juicio de Pérez, el poder económico del sector minero ha generado una peligrosa “indiferencia institucional”. “Los montos que mueve la minería son tan altos que ningún reclamo ambiental tiene efecto. Las autoridades prefieren mirar a otro lado”, señaló.
Dijo que esa tolerancia ha permitido una expansión sin precedentes de las áreas mineras dentro del municipio de Potosí.
“Antes, las zonas mineras representaban el 20% del área municipal, ahora alcanzan casi el 50%”, precisó Pérez, agregando que el número de ingenios, especialmente en la zona de Cantumarca, se ha duplicado en los últimos años.
“Donde antes había unas 30 plantas, hoy hay más de 50, todas muy cerca de la ciudad”, advirtió.
En cuanto al impacto ambiental, el presidente de Comcipo confirmó la existencia de estudios que detectan contaminación por plomo y otros metales pesados en el aire, el suelo y el agua. “En Cantumarca, la gente tiene partículas contaminantes en la sangre. Estamos hablando de un daño a la salud pública que las autoridades ignoran por completo”, denunció.
La situación se agrava, según Pérez, con la autorización de actividades mineras en áreas vitales para el abastecimiento de agua. “Se están permitiendo trabajos cerca de las lagunas de Caricari, que son fuentes históricas y esenciales para el suministro de agua potable a la población”, alertó. Calificó esta situación como “un atentado ambiental” que pone en riesgo directo a la ciudadanía.
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