La Paz, 3 de julio de 2025 (ANF).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en la Opinión Consultiva 32 de 2025 estableció que los Estados y las empresas tienen obligaciones vinculantes, conforme al derecho internacional, para abordar la crisis climática como una emergencia de derechos humanos; y reconoce como un derecho el clima y ambiente sanos.
Chile y Colombia presentaron, el 9 de enero de 2023, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de Opinión Consultiva sobre las obligaciones de los Estados para responder a la emergencia climática en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, con fundamento en el artículo 64.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y conforme a los artículos 70.1 y 70.2 del Reglamento de la Corte.
A más de dos años desde que se presentó, a través de una amplia interpretación del derecho internacional, la Corte aclaro que el derecho internacional de los derechos humanos impone obligaciones jurídicas para prevenir, reducir y remediar los daños provocados por la crisis climática.
En su opinión consultiva sobre cambio climático, la Corte Interamericana declaró claramente que estamos en una emergencia climática que está socavando los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras, y que los derechos humanos deben estar en el centro de toda respuesta efectiva, refleja en su portal el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL por sus siglas en inglés), que celebró la histórica decisión.
Asimismo, señaló que la Corte reconoció que los derechos a un clima seguro y a un medio ambiente sano son protegidos por el sistema interamericano de derechos humanos, estableciendo obligaciones claras para que los Estados regulen la actividad empresarial, adopten metas climáticas ambiciosas basadas en la ciencia y la equidad, y eviten daños irreversibles a los ecosistemas y a la vida humana. También reafirmó la prohibición de causar daños ambientales irreversibles, situándola entre los deberes más altos del derecho internacional.
La Corte dedicó una sección de la Opinión a las personas defensoras del ambiente, declarando que los Estados tienen un deber afirmativo de proteger a quienes defienden la tierra, el clima y los derechos humanos. La Corte subrayó el papel vital de los Pueblos Indígenas, las comunidades afrodescendientes y la juventud en la respuesta a la emergencia climática, precisa la CIEL.
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