La Paz, 22 de marzo del 2026 (ANF).-Por el Día Mundial del Agua, trece organizaciones de la sociedad civil emitieron un manifiesto para exhortar al Estado a garantizar la protección de las fuentes de agua y a asegurar su acceso como un derecho fundamental para toda la población.
El documento recuerda lo señalado en la carta pastoral “Agua, fuente de vida y don para todos”, difundida en 2003 por la Conferencia Episcopal Boliviana, donde se sostiene que el agua no debe ser tratada como una mercancía, sino como un bien común indispensable para la vida y un derecho humano que debe estar al alcance de todos, especialmente de los sectores más vulnerables.
“Reafirmamos que corresponde al Estado gestionar y proteger el agua con participación social y en función del bien común, garantizando políticas públicas justas y asegurando que el acceso al agua potable sea digno y asequible para los hogares más vulnerables”, dice una parte del manifiesto.
En el documento, las organizaciones se suman además a la campaña regional “Remar Contracorriente por el Agua, la Vida y la Soberanía”, una iniciativa impulsada en América Latina y el Caribe que busca visibilizar los conflictos socioambientales vinculados al agua y promover la articulación entre comunidades, organizaciones sociales y entidades eclesiales en defensa de ríos y cuencas.
El pronunciamiento advierte que, en un contexto marcado por la crisis climática y ambiental, resulta urgente fortalecer la conciencia colectiva sobre el cuidado del agua y de los ecosistemas que la sostienen, como glaciares, humedales y cuencas hidrográficas, además de respetar los derechos de las comunidades que dependen de estos recursos.
Las organizaciones también convocan a la población boliviana a participar en las iniciativas del llamado mes del agua, destacando que la protección de este recurso es una responsabilidad compartida.
El pronunciamiento sale en un contexto donde las actividades extractivistas, principalmente la minería legal e ilegal, están contaminando las principales fuentes de agua de los ciudadanos del área rural sin que las autoridades competentes pongan orden a la depredación.
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