La Paz, 19 de diciembre del 2025 (ANF).- El Decreto Supremo (DS) 5503, que contempla un paquete de medidas económicas, ofrece aprobación expedita, “fast track”, para inversiones en proyectos estratégicos, como la minería y los hidrocarburos. La diputada de Unidad Cecilia Requena advirtió que esa medida representa un peligro para el medioambiente.
El artículo 10 del DS 5503 indica que las inversiones estratégicas prioritarias que el Gobierno impulsa son la minería y metalurgia formal; hidrocarburos y energía; generación eléctrica y energías renovables; agroindustria y alimentos; infraestructura logística y transporte; y manufactura con orientación exportadora.
Los proyectos de inversión en esas áreas tendrán una aprobación expedita, según indica el artículo 12, y se establece un procedimiento “fast track” que comprende en: Tramitación prioritaria y concentrada de autorizaciones sectoriales; ventanilla única de evaluación y aprobación técnica; plazos perentorios y preclusivos para la administración pública; y aplicación del silencio administrativo positivo como regla general.
Todos los proyectos que se acojan a ese procedimiento deberán tener la aprobación de las instancias competentes en un máximo de 30 días computables desde la solicitud. En caso de incumplimiento, las autoridades tendrán responsabilidad administrativa, civil y penal.
“Habilitamos el silencio administrativo positivo. Eso quiere decir que si hoy presentan un trámite y la burocracia o la corrupción dilata su trámite, a los 30 días tienen ese silencio administrativo positivo que significa que tienen la habilitación, el permiso, la licencia, que están pidiendo”, explicó ayer el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.
La diputada Requena advirtió que la aceleración de esos procesos para otorgación de permisos y licencias podría convertirse en un serio atentado al medioambiente con las actividades extractivistas.
“Efectivamente, sin duda alguna, es un peligro enorme que en crisis económica se facilite y amplíe las actividades extractivistas sin suficientes controles ni ambientales ni de otro orden, como derechos laborales, respeto a los derechos de los pueblos indígenas y finalmente el derecho de todos los bolivianos a un medioambiente sano. Entonces, efectivamente, es un riesgo muy evidente”, alertó la legisladora en entrevista con la ANF.
Requena indicó que buena parte de las cooperativas mineras no cumplen la categoría de formal, pero resaltó que la actual administración de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) anunció la formalización de aproximadamente 400.
“Puede ocurrir que se intente formalizar a la mala. Eso tendría que pasar por la Asamblea, porque cada contrato minero pasa por la Asamblea (…), Entonces, efectivamente el riesgo existe y lamentablemente al mismo tiempo se ha debilitado toda la institucionalidad ambiental”, enfatizó.
La diputada convocó a la población a estar alertas y exigir que ninguna “recuperación económica” implique la violación de derechos y una destrucción del medioambiente que posteriormente provoca grandes desastres, como los que se vieron en Santa Cruz por el desborde del río Piraí y las inundaciones en el norte paceño.
“En ningún caso un decreto puede sobreponerse a derechos y mucho menos cuando estos derechos son parte ya del bloque constitucional a través de los tratados, por ejemplo (…). Ahí está la consulta previa, en la propia Constitución. Entonces, lo que hay que hacer es insistir en la legalidad, porque si se cumplieran las normas, incluidas las ambientales, entonces nada de esto debiera destruir como destruye. Y en segundo lugar, es empezar a tener claro que la salida de esta crisis debiera ser, por ejemplo, la transición energética”, subrayó Requena.
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