La Paz, 30 de abril de 2026 (ANF).- Un patrón estructural de violencia, abuso y acoso —tanto laboral como sexual— atraviesa el sistema de formación médica en Bolivia, según revela el informe de investigación defensorial “Aprender con Miedo”.
El documento concluye que estas prácticas no sólo son recurrentes, sino que están profundamente naturalizadas dentro de la cultura institucional, donde suelen justificarse como métodos de enseñanza o “ritos de paso” bajo la lógica de “pagar derecho de piso”.
El estudio identifica al acoso laboral como la forma de violencia más extendida. De acuerdo con los datos, el 81,3% de los médicos internos y el 92,3% de los residentes reportaron haber sido víctimas de este tipo de maltrato durante su formación.
Las manifestaciones más frecuentes incluyen humillaciones públicas, gritos, descalificación de opiniones y amenazas verbales. A ello se suman prácticas disciplinarias abusivas, como la imposición de jornadas excesivas y guardias adicionales como castigo, una situación que afecta al 60% de los internos y al 65,4% de los residentes.
Aunque en menor proporción, el informe también documenta casos de agresión física: el 8,8% de los internos y el 9% de los residentes afirmaron haber sufrido este tipo de violencia. Para la Defensoría, estos datos reflejan una dinámica institucional que normaliza el maltrato como parte del proceso formativo.
En paralelo, el acoso sexual emerge como una problemática crítica, con un impacto desproporcionado en mujeres. El 30% de los internos y el 15,4% de los residentes indicaron haber sido víctimas de este tipo de violencia. Las denuncias abarcan desde comentarios inapropiados e insinuaciones hasta acercamientos físicos no consentidos y propuestas sexuales.
En casos más graves, incluso se reportaron actos sexuales bajo presión. El sesgo de género es evidente: en la residencia médica, el 26% de las mujeres reportó acoso sexual, frente a apenas el 3% de los hombres.
El informe atribuye la reproducción de estas violencias a estructuras jerárquicas rígidas dentro del sistema de salud. Los internos identifican como principales agresores a los médicos residentes (56,3%) y a los tutores (47,5%). En el caso de los residentes, el 59% señala a sus instructores como responsables, seguidos por colegas de mayor antigüedad. Esta dinámica evidencia relaciones de poder asimétricas y la reproducción de prácticas abusivas entre generaciones, consolidando un modelo autoritario basado en la obediencia.
Además, la investigación alerta sobre formas de discriminación interseccional. Los internos pertenecientes a Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (NPIOC) presentan mayores niveles de acoso laboral (93%) en comparación con sus pares (78%). También se registraron casos de discriminación por nacionalidad, origen étnico y orientación sexual, lo que agrava la situación de vulnerabilidad de ciertos grupos.
Pese a la magnitud del problema, el informe identifica una profunda “cultura del silencio”. El 73,8% de los internos y el 75,6% de los residentes que sufrieron violencia no presentaron denuncias. El temor a represalias y la desconfianza en los mecanismos institucionales figuran como las principales razones. De las pocas denuncias realizadas, apenas el 1,3% derivó en sanciones para los agresores, lo que evidencia la ineficacia de los sistemas de protección y la persistencia de prácticas de encubrimiento.
Las consecuencias de este entorno son severas. El 78,8% de los internos y el 80,8% de los residentes reportaron preocupación constante, junto con síntomas de ansiedad, depresión, fatiga e irritabilidad. Uno de los hallazgos más alarmantes es que el 16,3% de los internos y el 15,4% de los residentes manifestaron haber tenido pensamientos suicidas, en un contexto marcado por la presión y la violencia sistemática. El informe recuerda que el suicidio de un interno en Cochabamba actuó como detonante para visibilizar esta problemática largamente ignorada.
En sus conclusiones, la Defensoría sostiene que el Estado boliviano ha incumplido su obligación de garantizar condiciones dignas de formación, permitiendo que el sistema opere bajo lógicas que vulneran derechos fundamentales. El documento advierte que, sin reformas estructurales y mecanismos efectivos de protección, la formación médica continuará desarrollándose en un entorno de desprotección, impunidad y violencia sistemática.
/FC/
Articulo sin comentarios
