La complejidad de la encrucijada política en el país como fruto de la confrontación de intereses entre organizaciones conservadoras, liberales y democráticos con la sociedad reflexiva, que a escasos 30 días de las elecciones generales su reclamo de mayoría cualificada, irresuelta desde luego, desdibuja las esperanzas de un cambio de modelo Constitucional del Estado antidemocrático de veinte años de ignorancia gubernamental.
Los clásicos y nuevos protagonistas en el foro de la CAINCO el jueves 17 de julio han coincido en la necesidad de reformar la Constitución con una comisión permanente de altísima competencia profesional, reducir el Estado, disminuir la fábrica del empleo púbico de 600.000 funcionarios públicos, cerrar empresas deficitarias, suprimir la subvención al diésel y la gasolina, libre mercado de exportación a los productos, reducción de impuestos y baja de aranceles, autonomía total para las regiones, innovación tecnológica para profesores, niños y jóvenes del área urbana y rural, retomar la soberanía del Estado en el trópico de Cochabamba donde hay narcotráfico, echar a los magistrados autoprorrogados, auditorías a las empresas públicas, meritocracia para las autoridades del Banco Central de Bolivia (BCB), Gerentes de YPFB, INRA, desaparición del ministerio de justicia, devolver al sector privado Fundempresa, eliminar el sindicalismo en educación y salud, la ley Abelino Siñani no potencia la educación sino la ideología, fomentar alianzas púbico-privados, incentivar a jóvenes emprendedores, educación trilingüe, tener un Internet el doble de rápido y menor costo, una Gestora pública independiente y totalmente autónoma, jubilación a los 75 años y con el 60% del salario, seguridad a la inversión privada e internacional, reducir el déficit, cambio del dólar movible similar al bolsillo y el Estado debe ser rígido en defensa de la familia. Incluso se planteó para delitos de violación de menores y feminicidio penas acumulables.
Todo parece ser que para lograr estos objetivos hay necesidad de realizar pactos y alianzas de unidad entre los candidatos presidenciales que apuestan por una reforma Constitucional como la única receta para salir de la anarquía.
En el marco de estas relaciones jurídico, sociales, económicas y políticas -repetimos- la necesidad de acuerdos previos y postelección general importa adoptar posturas tan disruptivas y novedosas como las circunstancias y los hechos de crisis requieren.
Bastará con leer la última encuesta que encargó El Deber a la empresa SIPE Consulting S.R.L., que sitúa a Samuel Doria Medina con 21, 76%; Jorge Quiroga con 20,70%; Manfred Reyes Villa con 10, 01%; NGP 4,81%; Rodrigo Paz con 4, 04%. Todo el bloque opositor o al menos que impulsan en la forma y sustancia la transformación total del modelo sumaria 61,32% de preferencia en la intención del voto, que a simple vista parecería estar cerca de tocar tierra con una mayoría cualificada, irresuelta, claro que sí; porque la historia ha demostrado que los socialistas de siglo XXI para encubrir la estela de delitos graves y gravísimos cometidos durante 20 años, son capaces de grabar epitafios de gloria e inocencia incluso estando supuestamente muertos. Para esto, muy a grosso modo los enemigos circunstanciales navegan porque lo permiten las sociedades, el salvataje hasta puede ocurrir minutos antes de la elección.
Este panorama parece superficial, pero lo que aquí interesa son los resultados y las perspectivas del sector cogobernante de más de dos décadas y siguiendo la encuesta descrita, Andrónico Rodríguez tiene 8,26%, Jhonny Fernández 2,45%, Eduardo Del Castillo 1,92%, Eva Copa 1,14% alcanzan el global de intención de voto del 13,77%. Si Andrónico Rodríguez logra imantar al grupo de blancos e indecisos (14,76% y 5,31%) sin contar los nulos (4,48%) obtendría el total de intención de voto del 33,84% lo que representaría una mayoría para forzar una segunda vuelta, obviamente en caso de que la oposición no se una, y hasta el riesgo de intentar la diferencia del 10% con relación al segundo, que en este caso sería Samuel Doria Medina o Jorge Tuto Quiroga. No olvidemos que el voto duro y pragmático del MAS no solo es ideológico, sino que está impregnado de imposturas, presión, prebendalismo por mantener el cargo público o dotación de tierras fiscales y de saneamiento (como las entregadas la semana pasada de la propiedad La Tunita a los comunarios circundantes al municipio de Gutiérrez, Provincia Cordillera del Departamento de Santa Cruz)
Por eso merece la pena recordar que el Estado al gastar 2.600 millones mes en sostener 17 ministerios e instituciones del Estado que según el informe Delphi la falta de confianza en el Tribunal Constitucional (TCP) es del 84%; Gobierno 83%; Policía 66% y Fuerzas Armadas 57%; supone que el gobierno no va escatimar medios publicitarios e infraestructura para mantener el poder de la corrupción, y descalificar a la oposición con el índice de privatización y venta de empresas públicas, afirmando que es lo único que trae el liberalismo.
El imperium para el Gobierno sigue siendo el Tribunal Constitucional Plurinacional con cinco magistrados autoprorrogados (vulnerando el art. 183.I y II de la CPE) más allá del cumplimiento de seis años de su mandato (cesación 31-12-2023) y los dos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (por los departamentos de Beni y Pando), los que tienen el poder de poderes, cuando no subordinados al Gobierno, y que en grado de revisión definirá la decisión de la Acción Popular admitida y señalada audiencia por la Sala Primera Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, el día lunes 21 de julio. Entonces las elecciones generales están en riesgo superlativo, y más aún si el Reglamento del Tribunal Supremo Electoral (TSE) posibilita a todo ciudadano la posibilidad de impugnar candidatos presidenciales, Senadores y Diputados incluso del 3 al 17 de agosto; es decir, 3 días antes del 17 de agosto.
Los partidos políticos e instituciones civiles de la sociedad organizada están en la obligación de lograr la plena protección y promoción de los derechos fundamentales y políticos y aumentar la capacidad de principios, valores y prácticas democráticas, apelando a alianzas y pactos programático para transformar el Estado social de justicia en servicio, eliminando toda obstrucción a las elecciones generales, y a configurar la mayoría cualificada en las cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
El profesor Rogelio López Sánchez dice: “Solo aquellas decisiones que son racionalmente aceptables, legitiman la labor judicial, no solamente desde el punto de vista Constitucional, sino social y democrático".
El autor es abogado constitucionalista y defensor de DDHH
