La denominación “Estado Plurinacional de Bolivia” fue establecida por el gobierno el 18 de marzo de 2009 mediante el decreto supremo 0048, a fin de utilizarla “en todos los actos públicos y privados, en las relaciones diplomáticas internacionales, así como en la correspondencia oficial a nivel nacional e internacional”. Tal vez por ello mismo, al final, se quedó como un mero nombre, sin posibilidad de concretarse en los hechos.
La plurinacionalidad supone la coexistencia, en una entidad política superior, de varias naciones con culturas, instituciones, historias y territorios propios, un rompecabezas que, en el caso del país, resultaría muy difícil no solo de armar sino de conseguir que cobre vida y funcione.
No se requiere de un análisis profundo para señalar que la “autonomía indígena originaria campesina” nunca llegó a convertirse en realidad en las condiciones de “autogobierno” y “libre determinación” en que la define el artículo 289 de la Constitución. Tampoco hace falta esfuerzo alguno para darse cuenta de que los 36 idiomas de “las naciones y pueblos indígena originario campesinos” reconocidos en el artículo 5.I. de ese documento fundamental jamás fueron efectivamente asumidos como “oficiales” en ningún nivel de gobierno.
Algo semejante ocurrió hasta con los símbolos del Estado consignados en el artículo 6.I., pues en la práctica la “wiphala” pareció subordinar o aun descartar al “escudo de armas”, la “escarapela”, las flores de la “kantuta” y el “patujú” e inclusive, en no pocos casos, a la misma “bandera tricolor”. Y, en lo informal, el poncho andino fue frecuente uniforme de las autoridades.
La retórica del pretendido discurso refundacional del llamado Movimiento al Socialismo (MAS) fue, así, apenas un menjunje, es decir, una maniobra cosmética para intentar proyectar una imagen aparentemente renovada de la realidad estatal nacional. Este otro artículo de la Constitución, el tercero, es ejemplar al respecto: “La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano”.
Una caracterización demográfica del país tan exótica separa a la “gente de Bolivia” de otros grupos poblacionales –solo uno de los cuales, además, tendría el atributo de la “interculturalidad”–, pero concluye que, en última instancia, todos son la “nación boliviana” que al mismo tiempo sería “el pueblo boliviano”. “¡Que alguien me explique!”, diría el comediante mexicano Eugenio Derbez…
Evidentemente este embrollo terminológico, al que se pueden sumar las poco elaboradas referencias a la “sociedad plural”, las “identidades plurinacionales” o la interculturalidad como “instrumento” que comprende la carta constitucional en otros de sus artículos, refleja la vaguedad e indeterminación de quienes trataron de sustentar una idea que devino ilusoria.
En el sentido de una meta deseable, la conformación de un Estado plurinacional en Bolivia estuvo presente al menos desde inicios de la década de 1980 en organizaciones del movimiento campesino y en algunos de sus asesores del ámbito no gubernamental. Cuarto de siglo más tarde, unos que se consideraron renovadores de la política recogieron esa aspiración y aprovecharon la asamblea constituyente de 2006-2007 para tratar de darle visos de realidad. El resultado, a la luz de lo acontecido después, es que todo acabó en un chasco.
De todas formas, lo que no suele ser percibido sobre este tema y es probable que ayude a aclararlo, es que el recurso del MAS a la plurinacionalidad fue motivado por un intento de alentar un “nacionalismo étnico”, una forma ambivalente de reacción frente a la modernidad capitalista que busca proteger, en el nivel de las creencias, una cierta identidad presumiblemente homogénea y ancestral.
Ese nacionalismo, como afirma el teórico político Tom Nairn, esencializa y sacraliza la memoria mítica de una determinada población, pasado que es casi siempre concebido como inmaculado y desde el cual interpreta el presente y pretende proyectar las rutas del porvenir.
El énfasis dado en los últimos veinte años por los sucesivos gobiernos del MAS al aymara-centrismo –en el plano discursivo y con la presencia de ciertos personajes “indígenas” en cargos públicos–, junto a su política de inclusión excluyente, solamente pudo dar como producto un Estado etnocéntrico, bastante distante y distinto del que cabría llamar “plurinacional”.
En resumen, a su doble fracaso en política y economía –atribuible a crisis que autogeneró y a su incapacidad de resolverlas–, el MAS suma otro mayor y quizá definitivo: el fiasco del Estado “plurinacional”, que hace patente su vacío programático.
El autor es especialista en comunicación y análisis político
