La coyuntura actual del país expresa de forma imperante una desinstitucionalización de distintos entes que deberían ser inherentes al gobierno de turno y preservadores de los valores que representan a nuestro Estado, esta problemática se ve reflejada en el actuar de nuestras fuerzas armadas en estas últimas décadas.
Las Fuerzas Armadas de Bolivia, históricamente concebidas y fundadas como una institución permanente al servicio de la nación, han experimentado en las últimas décadas un progresivo proceso de desinstitucionalización. Este fenómeno se manifiesta en la variabilidad de su simbología, discursos, estructura interna y formas de actuación según la ideología política del gobierno de turno, debilitando su carácter de ente neutral, esencial y preservador de la patria más allá de las coyunturas ideológicas del órgano ejecutivo.
Lejos de constituirse como una institución sólida y permanente, guiada por principios doctrinales propios, compromiso inquebrantable con la constitución, vocación real de servicio y la soberanía nacional, las Fuerzas Armadas parecen adaptarse -con preocupante simplicidad- a las narrativas políticas imperantes presentes en el país, asumiendo de esta manera símbolos, consignas, doctrinas y roles funcionales que corresponden más a intereses gubernamentales que al interés superior y permanente del Estado.
Si bien es cierto que la Constitución le otorga al presidente el rol de Capitán General de las Fuerzas Armadas, con un sentido correcto, ya que este representa la voluntad mayoritaria de la nación, las Fuerzas Armadas deben responder como principio esencial a la subordinación al poder civil -ejercido por el presidente como reflejo de la voluntad mayoritaria electa por los ciudadanos-, pero no a la parcialidad política a fin a la ideología del gobierno de turno. Su misión no es defender proyectos partidarios ni gobiernos específicos, sino garantizar la integridad territorial, la soberanía y el orden constitucional que esta acorde con la voluntad de la población.
La institucionalidad militar se sostiene en la permanencia, la neutralidad política, la disciplina profesional y la estabilidad de su simbología y doctrina. Cuando estos pilares se ven menoscabados por una lógica de adhesión coyuntural al gobierno de turno, la institución pierde su esencia y se convierte en un instrumento funcional del poder circunstancial.
Uno de los indicadores más evidentes de la desinstitucionalización es la transformación constante de la simbología militar. La incorporación de emblemas, consignas, discursos y rituales alineados con determinadas ideologías políticas revela una subordinación simbólica que va más allá del respeto institucional al gobierno, pasando así a una omisión de su misión esencial, la preservación de la soberanía y constitución del Estado. El reemplazo de símbolos tradicionales -constitutivos del Estado y de la institución castrense- por otros de carácter político, la reinterpretación del rol histórico de las Fuerzas Armadas y la modificación del discurso castrense en función del proyecto gubernamental evidencian una pérdida de coherencia histórica, doctrinaria y de institucionalidad permanente. La institución deja de representarse a sí misma como garante de la nación y pasa a representarse como brazo legitimador del poder político, perdiendo su esencia de subordinación al poder civil -representado en la soberanía de la nación- y derivando en una subordinación a un poder político.
Es menester mencionar que las Fuerzas Armadas se han visto limitadas en su accionar por el poder político, traduciéndose en una falta de autonomía institucional, dando esto lugar a la designación -dentro de este proceso de desinstitucionalización- de comandantes de fuerza y asunción a oficiales que se mostraban serviles al gobierno de turno. Su participación en escenarios de conflictividad social, en tareas que bordean lo político y en decisiones que responden a crisis gubernamentales específicas, muestra una obediencia que deja de ser constitucional para convertirse en políticamente funcional. Este comportamiento no solo debilita la credibilidad de la institución ante la ciudadanía, sino que la expone a ser percibida como un actor parcial, incrementando la polarización y erosionando su legitimidad histórica como garante del orden y la soberanía.
Este menoscabo no solo afecta la percepción del ciudadano, sino también, la percepción y compromiso de los buenos oficiales y suboficiales que conforma la institución castrense, impulsando de esta forma una crisis interna y consecuentemente un menoscabo a la moralidad que caracteriza a las Fuerzas Armadas. Sería una insensatez asegurar que no existen militares con una convicción de patria y vocación de servicio inquebrantables por el desarrollo de la nación, sin embargo, este proceso de desinstitucionalización a menoscabado de sobremanera a estos mismos, que se ven frustrados, limitados y subordinados a acatar órdenes de superiores que han cedido camaleónicamente a distintos poderes políticos dominantes.
La desinstitucionalización de las Fuerzas Armadas en Bolivia no es un fenómeno menor ni aislado, es un síntoma alarmante del deterioro de las estructuras del Estado. Mientras su simbología y actuación continúen subordinándose a los vaivenes políticos, la institución seguirá alejándose de su esencia preservadora de los valores que constituyen a la nación. Reivindicar unas Fuerzas Armadas verdaderamente institucionales no es solo una demanda castrense, sino una necesidad democrática. Porque cuando la neutralidad se pierde y la lealtad se personaliza, lo que está en juego no es solo la identidad militar, sino la propia estabilidad de la nación.
El autor es estudiante de Derecho en la UCB
