La salud pública es uno de los males estructurales en Bolivia que limitan y condicionan la calidad de vida de sus ciudadanos. Cuando se implementaron allá por 1956 con la Caja Nacional de Salud se creía que se protegía a todos esos trabajadores con una relación obrero – patronal sin embargo este sistema al depender directamente del Ministerio de Salud poco a poco se hicieron evidentes los estragos que la administración pública puede generar en un servicio tan importante.
Administrar hospitales y servicios médicos sin noción acerca del mercado es un error garrafal, la sostenibilidad de las finanzas depende principalmente del nivel de ingresos que pueda generar. En el caso de las Cajas de Salud estas reciben asegurados/clientes de manera automática, no existe competencia alguna por quien ofrece un mejor servicio, son en definitiva los empleadores los que deben elegir que seguro contratar para sus trabajadores dejando fuera de la ecuación al beneficiario directo. Aún así no existe factor diferenciador entre una y otra, probablemente lo que se trata de garantizar es el menor grado de saturación posible para así no sentenciar al asegurado a largas e interminables jornadas esperando su turno.
Al tener una administración guiada por el Estado, la corrupción se constituye en una debilidad que se va incrementando o atenuando en función a la coyuntura política del momento. La política estableció como gran solución el controlar la forma en que las adquisiciones se realizaban para priorizar la oferta con los precios más bajos. Esta medida fue acompañada de toda una secuencia de pasos formales que involucran papeleo que fácilmente demoran más de 3 meses, que al final del día generaron una caída en la calidad de insumos y su disponibilidad. Un seguro que cubre a sus beneficiarios dependiendo del humor o pericia de sus administradores, es decir en contadas excepciones.
La lógica que se utiliza parece ser la de eficiencia presupuestaria sin embargo esta no llega a cumplir su cometido porque se realiza desde la perspectiva de un administrador y no así desde la óptica de la parte médica quienes tienen un grado de conocimiento superior al estar constantemente utilizando estos insumos y probando una y otra vez cuales son aquellos insumos que permiten lograr su trabajo, reestablecer la salud del paciente.
Poner de intermediario a un administrador preocupado por la corrupción natural del Estado, ocasionó que las Cajas de Salud bajen sus estándares de calidad de servicio al punto de convertirse en instituciones altamente cuestionables. Con cada político nuevo, vienen nuevas ideas y el incremento de la burocracia y la politización de estas instancias las convirtió en una recreación de cualquier institución pública, preocupada por el papeleo y cumplir con la norma en lugar de precautelar la vida humana.
Devaluar los hospitales a simples administradores de salud pública es un acto de negligencia deliberada financiada por los propios asegurados quienes se ven envueltos en tortuosos caminos donde su salud o la de sus familiares es la última de las prioridades, la primera y más importante es mantenerse en presupuesto, racionalizar los costos y manejar la deuda acumulada con la pericia de un malabarista profesional.
Irónico, que la salud pública publicitada día y noche como un derecho en realidad es igual o más despiadada que la salud privada, preocupada únicamente en el lucro, colocando un precio a la vida humana. La experiencia histórica demuestra que la salud pública es una quimera insostenible, de rodillas al Sistema de Burocracia sobrealimentada. ¿Cómo esperan que un país con 85% de informalidad pueda sostener un sistema de salud pública basado en la universalidad pagada por el restante 15% que aún puede tener un empleo formal?
El Seguro Universal de Salud no es más que otra farsa, cargar la atención de nuevos “asegurados” sin aportes nuevos al tambaleante sistema de salud preexistente, sin inversiones adicionales en infraestructura, ítems, insumos, tecnología. Saturación en los servicios, largas colas, una nueva devaluación de la salud en el país.
En medio de todo este escenario apocalíptico, aún hay médicos y enfermeras que sortean las afiladas y oxidadas hojas de la burocracia para salvar vidas. A pesar de no existir un reconocimiento institucional al sacrificio de esos médicos, enfermeras y personal de salud, aún así dan todo de sí priorizando la vida en lugar de la “norma”.
Desde este lugar, les rindo mi homenaje y gratitud. A nombre de todas las vidas salvadas a pesar del Sistema, contracorriente a lo que la burocracia manda, gracias a esos médicos, enfermeras y personal de salud que con su humanidad no dejaron que la rutina los convirtiera en simples engranes del Estado.
Esta columna la realizó reivindicando el padecer de mi esposa, cuyo sufrimiento, penurias e impotencia me hicieron experimentar en carne propia el terrible atentado que el Estado hace a los ciudadanos. A lo largo de esta travesía pude constatar el drama de muchas familias cuya situación superaba cualquier tragedia griega, el enojo y frustración eran el común denominador que generaba una suerte de catarsis grupal. Lamentos que son incapaces de resquebrajar la dura coraza de los administradores de la salud.
El problema de la salud al igual que el de la educación pasa por dejar al individuo elegir, asumir su responsabilidad y buscar aquel servicio acorde a sus necesidades y expectativas en lugar de agachar la cabeza y ceder la tutela a un grupo de burócratas totalmente extraviados en su arrogancia y sus “buenos deseos”.
Más que cajas de salud, estas terminan siendo cajones fúnebres donde las personas son daño colateral al cumplimiento de la normativa. Son los verdaderos mercaderes de la vida humana.
El autor es economista, Máster en Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, Especialidad en Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático, presidente de Fundación Lozanía
