La mayor paradoja boliviana es tener una Constitución avanzada y al mismo tiempo un sistema que la distorsiona ¿En nuestro país, está la Constitución por encima el Poder Político? ¿O el Poder Político pesa sobre la Constitución? En los tiempos que está viviendo nuestra nación, donde se implora cambio, transformación, creación y eliminación de un sinfín de elementos de nuestra Constitución es menester referirse a ello.
Contamos con una de las normas fundamentales más avanzadas de la región, que reconoce los derechos colectivos, establece la democracia intercultural: democracia directa, democracia representativa y democracia comunitaria, y constituye al país como un Estado Plurinacional que, en teoría, debería garantizar inclusión y equilibrio de poderes, sin embargo, en la práctica, el ciudadano percibe que vive más en un pseudoconstitucionalismo -un sistema que proclama la supremacía de la ley fundamental, pero en el fondo la manipula según los intereses del poder político de turno- que en un verdadero Estado Constitucional.
El pseudoconstitucionalismo no se trata de la ausencia de normas, sino de la manipulación de estas; así, la Constitución se convierte en un escudo retórico y no en el límite real del poder ni en la esencia de toda acción estatal; es este espejismo de legalidad que sostiene discursos de respeto institucional, mientras la aplicación selectiva y contradictoria de las normas erosiona la confianza del ciudadano y contribuye a la deslegitimación del Estado.
Este fenómeno se manifiesta y agudiza cada vez más. Los ejemplos más evidentes de esto son: la reinterpretación del principio de alternancia en el poder, que permitió justificar la reelección indefinida a pesar de la letra clara de la Constitución y de la voluntad popular expresada en referéndum; las acusaciones de politización del Tribunal Constitucional Plurinacional, institución fundamental para evitar esta problemática, el cual tiende a responder más a intereses partidarios que a un rol de árbitro independiente. A estos se le suma el bloque de derechos que la Constitución proclama -salud, justicia, igualdad- y la incapacidad real del Estado para garantizarlos, subsumiéndose este último fenómeno en una inconstitucionalidad por omisión – que es el incumplimiento del deber estatal de garantizar derechos reconocidos en la Constitución-.
Los casos particulares de violación a los derechos constitucionales que los bolivianos sufrimos cotidianamente reflejan que el gobierno no representa la voluntad del soberano, lo que contribuye sistemáticamente a la deslegitimación del Estado, a que el ciudadano no confíe en el sistema por el que eligió regirse, y es esto lo que nos condena al abismo, pues, el ciudadano que ya no cree en el sistema que lo rige lo deja de respetar. Cuando los mecanismos institucionales fallan la legitimidad se erosiona, y este proceso tiende a reproducirse y profundizarse en cadena. Es también esta problemática la que genera el conflicto de ciertos sectores -en la actualidad la mayoría- con el estado central, agudizando aún más la crisis en la que estamos sumergidos.
Hay quienes creen que no acatar lo que para ellos es una Constitución mal hecha es la solución al problema, hay quienes piden un cambio, eliminación o creación de otra Constitución, hay también quienes imploran respeto hacia nuestra norma fundamental y quienes se han convertido en indiferentes, y mientras este pseudoconstitucionalismo siga presente en nuestro país estará también latente el riesgo de una normalización, lo que desembocara indudablemente en un absolutismo y pérdida total de la esencia constitucional.
Es innegable que nuestro sistema constitucional tiene falencias que deben ser discutidas, reformadas o eliminadas. Nadie puede negar que existen partes desfasadas de la norma, vacíos normativos y mecanismos que podrían perfeccionarse para responder a las demandas actuales del país. Sin embargo, hablar de una nueva Constitución o de grandes cambios resulta un ejercicio vacío -incluso absurdo- cuando la vigente no ha sido aplicada según lo que expresa y manda su esencia. No se trata de remplazar el texto, sino de respetarlo, de vivir bajo sus principios y no de torcerlos según conveniencias políticas. Pretender cambiar lo que no se cumple es como cambiar de reloj creyendo que así el tiempo andará distinto.
El autor es estudiante de derecho UCB-Santa Cruz
