Tiene que preocuparnos profundamente que Bolivia, pero más específicamente que los Gobiernos de Morales Ayma y Arce Catacora, junto a Venezuela y Cuba, sean acusados bajo la Ley Rico de conformar una “Corporación Criminal de Estado” para narcotráfico, corrupción, tortura y persecución política. Esta amalgama de atrocidades transnacionales tiene vinculación desde muchos años atrás con las actividades ilícitas de la FARC colombiana y el Cartel de los Soles, y no se descarta con el Tren de Aragua.
La demanda ha sido presentada ante un Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida. En la que se expone estar ante uno de los entramados criminales transnacionales más sofisticados y peligrosos del hemisferio, en cuyo expediente “J. Doe, I-1000 v. Rubio et al” se acusa a altos funcionarios de Bolivia y países aliados del eje bolivariano de operar y facilitar una “Corporación Criminal, que busca el control geopolítico a través de la economía ilícita; es decir, mediane el tráfico de droga y el lavado de dinero.
Con suficiente claridad los demandantes y una coalición de víctimas y defensores de derechos humanos, describen al Movimiento al Socialismo (MAS) boliviano, como el partido político núcleo de una red coordinada conocida como “Bolivian Joint Criminal Enter Prise (BICE). Esta estructura política criminal hace que los intereses políticos del Socialismo del Siglo XXI se fusione con el narcotráfico y el poder represivo de los Estados. Este problema que causa daño a la salud boliviana y del mundo, en la que se hallan involucrados expresidentes y vicepresidentes de gestiones gubernamentales de 2006 hasta 2025 que está por cerrar el capítulo más oscuro de la historia de Bolivia, es lo que no ha sido considerado para cancelar la sigla por el Tribunal Supremo Electoral.
El esquema transnacional habría funcionado con una división de roles perfectamente definidas entre sus principales aliados. Esto explica que cada uno de los jerarcas y mandos medios e intermedios asumían sus responsabilidades cuando tomaban decisiones.
Bolivia, ha sido considerada el epicentro de producción y distribución de cocaína, con cobertura institucional del Estado, bajo el liderazgo de Evo Morales Ayma y Luís Arce Catacora. Felipe Cáceres el viceministro de Lucha Contra la Droga por más de 14 años encontrado en su parcela con una fábrica de clorhidrato de cocaína con más de 100 kilos de producción diaria se enfila en esa categoría.
Venezuela, se concibe como el puente logístico financiero y político con la participación central del Cartel de los Soles, controlados `por altos mandos militares chavistas y maduristas.
Cuba, se identifica como el cerebro de inteligencia, entrenamiento y coordinación estratégica, que facilita la comunicación entre los aparatos operativos represivos y los operadores financieros de la red. Este aspecto se disemina con la presencia de militares cubanos en los ministerios de Defensa, Gobierno y otras alas en despachos del poder ejecutivo.
Se califica a la organización criminal como la “Potencial Empresa Criminal del Movimiento al Socialismo” (MAS), que funciona como organización paralela dentro del Estado boliviano bajo Evo Morales Ayma. Eta empresa habría trabajado con la FARC y el Cartel de los Soles de Venezuela para financiar operaciones políticas y reprimir a opositores con miles en el exilio.
En resumen, la demanda es por tráfico masivo de cocaína procedente de Bolivia, por rutas controladas desde Venezuela hacia Florida, donde el dinero fue blanqueado con bienes raíces y empresas de fachadas.
Comprende la demanda la violencia política como secuestros, torturas y asesinatos de más de 300 opositores, incluyendo miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC).
Se incluye la Guerra digital, entre ellas campañas de desinformación y difamación digital ejecutadas desde la Habana, dirigidas a desacreditar a activistas y periodistas exiliados y, por último, referente a la Conspiración de crímenes sexuales, se hace énfasis en acusaciones de tráfico sexual, explotación de menores, presuntamente facilitadas por redes conectadas al Movimiento al Socialismo (MAS). Verbigracia la impunidad de la que goza Evo Morales Ayma por presunta violación de menores, cuyo mandamiento de aprehensión ha recibido la etiqueta –“prohibido su ejecución”-, de manera que el incumplimiento de autoridades de larga data es ley.
El caso central, es la muerte del testigo protegido, el abogado Felipe Sandy Rivero en Miami, persona que habría entregado evidencias sobre contratos fraudulentos, sobornos ligados a infraestructura boliviana y la intermediación de empresarios bolivianos. Esta fórmula de intermediación parece repetirse en el caso Botrading y los negociados de sobreprecios de carburantes en que se encuentra involucrado Luís Marcelo Arce, hijo del presidente Arce Catacora y altos funcionarios de YPFB, el primero fue aprehendido en un condominio en la ciudad de Santa Cruz (16-10-25) y el segundo se encuentra con baja médica.
Según el contenido de la denuncia, el asesinato fue ejecutado por una red coordinada entre operadores del MAS y agentes vinculados a inteligencia cubana en suelo estadounidense (Miami). El caso del testigo muerto Felipe Sandy Rivero, demuestra para los abogados la inseguridad y la expansión del crimen organizado y su impunidad dentro de EE.UU. Este caso y otros como el caso Colodro, entre otros, deben ser esclarecidos por quien opte la presidencia en el balotaje del 19 de octubre.
Como se trata de un caso extremadamente peligroso y que daña la imagen de los bolivianos, las nuevas autoridades que asuman el poder político con sus mejores profesionales, deben adoptar la decisión de contribuir al esclarecimiento de la organización criminal de narcotráfico, que tiene nombres y apellidos, para que la impunidad sea erradicada en el país. Esperemos, que la gracia y reflexión divina de Dios ilumine la decisión de los ciudadanos bolivianos y en el balotaje elijan al demócrata verdadero, que transforme la crisis moral, económica, de carburantes y la inflación, en esperanza, desarrollo y seguridad jurídica.
El profesor Antón Losada, dice: “El gran problema de nuestro sistema es que, efectivamente, todos tenemos nuestra capacidad de elección, pero casi ninguno se responsabiliza de sus decisiones”. Esto es lo que habría que cambiar.
El autor es abogado constitucionalista y defensor de DDHH
