Analizar lo que proponen las distintas alianzas y organizaciones políticas en Bolivia respecto a los pueblos indígenas en sus programas de gobierno —disponibles en la página del Tribunal Supremo Electoral (TSE)— es una tarea crucial en el actual proceso electoral. Más allá de las menciones superficiales, resulta indispensable examinar con detenimiento sus planteamientos sobre los territorios indígenas, las políticas económicas que inciden en ellos, el fortalecimiento del carácter plurinacional del Estado y el avance de las autonomías indígenas. Este análisis permite valorar en qué medida dichas propuestas constituyen una alternativa real frente al modelo extractivista que continúa amenazando los territorios y derechos de los pueblos indígenas en el país.
A este análisis se suma una inquietante tendencia discursiva en el escenario político y académico. A raíz del probable descenso de la autoidentificación étnica en el último censo y la pérdida de identidad étnica entre jóvenes migrantes provenientes del área rural, algunos actores plantean que el Estado Plurinacional ha perdido sentido, y proponen un retorno a los valores del Estado Republicano. Esta visión representa un claro retroceso frente a los avances consagrados en la Constitución Política del Estado, especialmente en lo referido a los derechos colectivos y la participación política de los pueblos indígenas. Tomando en cuenta que, a quince años de la promulgación de la nueva Constitución, estos derechos aún no han logrado reducir significativamente la brecha en la participación política indígena, especialmente en el nivel central de gobierno.
El panorama se torna más preocupante cuando se considera el avance de discursos abiertamente hostiles hacia los derechos indígenas. Políticos como Branko Marinkovic y Chi Hyun Chung han cuestionado la legitimidad de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y la propiedad colectiva, socavando uno de los pilares fundamentales del reconocimiento territorial de los pueblos originarios.
Hasta el 6 de junio de 2025, el campo político boliviano, pese a su fragmentación interna tanto en las fuerzas afines como opositoras al Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), puede leerse en dos bloques predominantes: por un lado, un bloque nacional-popular en lo discursivo con cierta orientación izquierdista; por el otro, un bloque opositor con fuerte inclinación neoliberal y una orientación conservadora y de derecha. En este escenario polarizado, el enfoque que cada fuerza política adopte respecto a los derechos indígenas y al modelo de Estado será decisivo para el futuro de la plurinacionalidad en Bolivia.
En el bloque nacional-popular se identifican actualmente tres corrientes internas. La primera está conformada por actores que promueven una renovación política frente al liderazgo de Luis Arce y Evo Morales, entre ellos Eva Copa y Andrónico Rodríguez. La segunda corresponde a la línea arcista, encabezada por Eduardo del Castillo. Y la tercera es la corriente evista, liderada por Evo Morales, cuya candidatura se encuentra inhabilitada hasta el momento.
En este bloque se encuentra el Movimiento de Renovación Nacional (MORENA), que postula a Eva Copa y Jorge Richter. Su propuesta busca distanciarse de los extremos ideológicos y promover una renovación política. En relación con los territorios indígenas, su programa plantea fortalecer las capacidades y derechos de pueblos indígenas y comunidades locales para gestionar bosques, agua, suelos y territorios de forma sostenible y autónoma. Propone también reconocer y titular territorios ancestrales con funciones de protección ambiental, establecer acuerdos de cogestión en áreas protegidas, y promover la educación ambiental y el conocimiento ancestral en los planes de desarrollo integral territorial (pp. 37–38).
En materia económica, MORENA propone una “economía productiva con industrialización”, en la que el Estado asuma un rol activo. Sus ejes incluyen: i) industrialización del litio, minerales y exploración de tierras raras; ii) compra y refinación de oro para fortalecer reservas; iii) impulso a las exportaciones con inversión en aeropuertos, puertos, parques industriales e hidrovías; iv) promoción de emprendimientos internacionalizados con exención impositiva inicial y alianzas público-privadas; v) reducción progresiva del subsidio a combustibles con compensaciones sociales; y vi) reducción del aparato estatal, preservando empresas estratégicas (pp. 13–23). Respecto al Estado Plurinacional y las autonomías indígenas, MORENA plantea consolidar la identidad cultural y plurinacional de Bolivia, promoviendo el orgullo por saberes, lenguas, estéticas y tradiciones de pueblos originarios, afrodescendientes y mestizos (p. 50). No propone modificar el carácter plurinacional establecido en la Constitución.
La Alianza Popular -conformado por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), el Partido Socialista Revolucionario (PSR) y el Movimiento Autonomista por el Trabajo y la Estabilidad (MATE)-, que postula a Andrónico Rodríguez y Mariana Prado, tuvo inicialmente una postura cercana a Evo Morales, luego moderada y hoy parcialmente crítica. En relación con los territorios indígenas, propone respetar los derechos colectivos de las comunidades locales, y apoyar el turismo comunitario e indígena mediante fortalecimiento técnico, promoción y acceso a financiamiento, priorizando el protagonismo comunitario en la cadena de valor y la preservación del patrimonio cultural (p. 20).
Sobre el modelo económico, propone una transformación productiva centrada en la diversificación y justicia territorial. Rechaza la dependencia de las materias primas, pero plantea una nueva ley de hidrocarburos para aumentar reservas y garantizar tanto el abastecimiento interno como la exportación sostenible de gas (p. 15). Propone reemplazar los subsidios generalizados por subsidios focalizados dirigidos a familias con mayores carencias (p. 9), y establecer mecanismos compensatorios para el transporte público y la producción alimentaria, protegiendo el ingreso de las mayorías populares (p. 16). En cuanto al Estado Plurinacional, sostiene que debe profundizarse no solo en el discurso, sino en las políticas públicas, representación y educación. Además, plantea garantizar el ejercicio autónomo de la jurisdicción indígena según normas, cosmovisión y estructuras comunitarias, sin injerencia de autoridades ordinarias (p. 33).
Por su parte, el MAS-IPSP, que postula a Carlos del Castillo y Milán Berna —alineados con Luis Arce y críticos de Evo Morales— propone, en relación con los territorios indígenas, elaborar un nuevo marco normativo conforme a la Constitución, que garantice el derecho colectivo a la tierra y territorio de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (NyPIOC). También plantea dotar tierras productivas en favor de los indígena y campesinos con enfoque productivo para asegurar la soberanía alimentaria (p. 15).
En el plano económico, propone fortalecer la actividad minera bajo liderazgo estatal, redirigir excedentes agroindustriales para beneficio nacional y regional, garantizar el retorno de divisas y uso eficiente de subvenciones (pp. 3–4). Asimismo, busca consolidar la industrialización soberana del litio mediante alianzas con países y empresas con alta tecnología, e impulsar la economía comunitaria, cooperativa y social para fomentar empleo, inclusión y bienestar (p. 5). En relación con el Estado Plurinacional, plantea profundizar su carácter sin subordinación de las Autonomías Indígena Originario Campesinas (AIOC) al nivel central, mediante una reforma normativa que promueva el autogobierno respetando sus estructuras y cosmovisión (p. 14). Propone también desarrollar marcos normativos internos en entidades autónomas, transformar la coordinación entre el Estado central y los gobiernos territoriales, y clarificar el alcance de la jurisdicción indígena originaria campesina (pp. 14, 17).
Por otro lado, el bloque opositor, de orientación neoliberal y de derecha, presenta diversas corrientes internas. Estas se agrupan en tres posiciones principales: 1) una corriente neoliberal conservadora, representada por Jorge Tuto Quiroga; 2) una línea neoliberal moderada, encabezada por Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa y Rodrigo Paz Pereira; y 3) una postura liberal libertaria, representada por Jaime Dunn. A continuación, se analizarán los programas de gobierno de los tres principales binomios de este bloque.
La alianza Libre, que postula a Jorge Tuto Quiroga y Juan Pablo Velasco, representa la derecha liberal y defiende el libre mercado y la reducción del gasto público. En su programa no se hace mención directa a los territorios indígenas. Solo se indica que el concepto de Función Económica y Social (FES) debe incentivar la producción, no servir para expropiar tierras ni generar inseguridad jurídica, y que la propiedad privada debe ser protegida frente a los avasallamientos (p. 20). La única alusión concreta a los pueblos indígenas aparece en la propuesta de consolidar el Sistema Nacional/Plurinacional de Áreas Protegidas, incluyendo aquellas gestionadas por el Estado y entidades autónomas, con participación de comunidades indígenas, campesinas y poblaciones locales (p. 60).
En el plano económico, propone estabilizar la balanza de pagos, liberalizar sectores estratégicos y reestructurar el modelo productivo. Plantea liberalizar hidrocarburos, litio y agroindustria, implementar reformas de gran escala, atraer inversión extranjera, reducir los impuestos al 10% (modelo “paraguayo”) y permitir el uso de biotecnología. Su visión apunta a reestructurar el aparato productivo, fomentar la inversión privada y convertir a Bolivia en una “potencia planetaria” del litio. También propone emitir bonos verdes y de carbono (p. 20) y revisar el marco legal sobre uso del suelo para evitar la deforestación (p. 60). Sobre el Estado Plurinacional, solo se menciona a gobernaciones y municipios en el contexto del pacto fiscal, sin aludir a las autonomías indígenas ni a una profundización del modelo plurinacional.
Unidad, que postula a Samuel Doria Medina y José Luis Lupo, promueve políticas de libre mercado con medidas para reducir la desigualdad y fomentar el desarrollo económico. Respecto a los territorios indígenas, su programa es escueto: propone trazabilidad de tierras con blockchain para combatir el tráfico ilegal y proteger derechos de propiedad, especialmente en zonas rurales y bosques comunitarios (p. 46); además, menciona la necesidad de respetar parques nacionales y territorios indígenas como pilares de la soberanía ecológica (p. 47).
En lo económico, propone transformar el Estado en un “ecosistema de emprendimientos”, reducir su tamaño y cerrar empresas estatales ineficientes, aunque conservaría las estratégicas. Propone eliminar gradualmente los subsidios a combustibles, renovar el proyecto del litio y recuperar el liderazgo gasífero de Bolivia. También plantea una economía abierta, con liberación de exportaciones, cielos abiertos y atracción de inversiones. En cuanto al Estado Plurinacional, se compromete a garantizar la autodeterminación de los gobiernos subnacionales en la elaboración de sus estatutos y cartas orgánicas, y eliminar la injerencia del nivel central en los procesos autonómicos de los Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino (GAIOC) (p. 53).
Autonomía Para Bolivia (APB)-Súmate, que postula a Manfred Reyes Villa y Juan Carlos Medrano, representa una opción de centroderecha con enfoque en la liberalización económica. No hace referencia específica a los territorios indígenas, aunque propone una gestión ambiental moderna que permita a comunidades conservar los recursos naturales. En cuanto al modelo económico, plantea desregular las exportaciones, reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 10%, liberalizar los mercados —especialmente de combustibles y transporte aéreo— y eliminar la subvención a los hidrocarburos. También propone intensificar la búsqueda de reservas para garantizar la seguridad energética y el desarrollo sostenible (p. 31).
El programa incluye la creación de cooperativas verdes, empresas especializadas en proyectos de carbono (p. 37), y el impulso de mercados de carbono, certificaciones verdes y alianzas público-privadas para la reforestación (p. 53). En relación con el Estado Plurinacional, no se menciona su carácter constitucional ni a las autonomías indígenas. Solo se plantea revisar la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (031/2010). Además, se propone actualizar el “plan nacional de desarrollo productivo del agro” como medida para integrar al campesinado e indígenas rurales al desarrollo sostenible del país (p. 29).
De los seis programas de gobierno revisados, los de Libre (Tuto Quiroga) y APB-Súmate (Manfred Reyes Villa) abordan de manera superficial los temas vinculados a la agenda de los pueblos y organizaciones indígenas. Aunque los programas de Morena, Alianza Popular, MAS-IPSP y Unidad incluyen, con matices y enfoques distintos, algunas referencias a los pueblos indígenas, todos coinciden en mantener —y en algunos casos profundizar— un modelo económico primario-exportador y extractivista. Este modelo se refleja en propuestas que implican la expansión de la frontera agrícola, el uso de biotecnología y el impulso de industrias como el litio, los hidrocarburos y la agroindustria, sin abordar de forma integral los impactos socioambientales y culturales que enfrentan las comunidades indígenas.
Además, ninguno de estos programas profundiza en las problemáticas estructurales que atraviesan hombres y mujeres indígenas en contextos rurales y urbanos, lo que denota un desconocimiento —o desinterés— respecto a estas realidades y a los derechos colectivos reconocidos en la Constitución Política del Estado y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Esta omisión genera una preocupación legítima en las organizaciones indígenas, como quedó evidenciado en el Encuentro de Jóvenes Indígenas de Tierras Bajas de Bolivia, realizado en Santa Cruz de la Sierra el 29 y 30 de mayo de 2025. Durante este evento se manifestó el temor a posibles reformas constitucionales que, lejos de ampliar derechos, podrían debilitarlos, especialmente si los pueblos indígenas no son parte activa del proceso. Si bien la actual Constitución ha significado avances importantes en el reconocimiento de derechos como la identidad cultural, la territorialidad y la autonomía, a quince años de su promulgación, la brecha en la participación política indígena sigue siendo profunda, particularmente en el nivel central del Estado.
El autor es politólogo e investigador social de CEJIS
