La Paz, 21 de enero de 2023 (ANF).- 165 casos de violencia se registraron contra los periodistas en Bolivia, según la Red de Apoyo y Protección a Periodistas, dependiente de la Fundación Para el Periodismo. Ni uno solo de los hechos fue sancionado en la Justicia. Esta cifra corresponde a un 56% más de casos de violencia, ya que en 2021 fueron 73.
“Prácticamente cada semana se producen agresiones a periodistas, y la justicia, lejos de apoyar la sanción a estas agresiones, alimenta el acoso judicial y hace prevalecer la impunidad. A pesar de distintas garantías reconocidas por instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, los periodistas son el segundo grupo más afectado por la vulneración de sus derechos en Bolivia. Una tendencia preocupante que se repite en los últimos años”, se lee en el informe al cual accedió la ANF.
La ANF publicó un reportaje sobre la situación actual y la precariedad laboral que se profundiza para los periodistas del país (https://acortar.link/2gDSN6), un hecho que se profundizó desde la pandemia del Covid-19. Desempleo, trabajo bajo contrato civil o por producto, doble ocupación laboral, bajos salarios, violencia y hasta impedimento de acceder a información pública son los seis factores principales que los periodistas del país están atravesando.
La Red de Apoyo Para Periodistas es una plataforma de la Fundación para el Periodismo que cuenta con el apoyo de Global Media Defense Fund (GMDF) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Fue creada en 2022 ante la necesidad de los periodistas de Bolivia de contar con un espacio de consulta, orientación y protección ante la vulneración de sus derechos y la protección de su seguridad.
De los 165 casos que se registraron 127 fueron casos de vulneración a la libertad de prensa, y, 38, de vulneración a la libertad de expresión. Las características son cada vez más violentas, han pasado de la agresión verbal a la física.
Los tipos de delitos que se registraron fueron los siguientes: agresiones físicas (lesiones graves y gravísimas), amenazas, tentativa de secuestro, tentativa de asesinato, robo agravado, además de agresiones sicológicas. Según la Red de Apoyo también hubo estigmatizaciones contra periodistas, acoso judicial, impedimento a la labor periodística y asfixia económica.
El 29 de diciembre, un grupo de simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS) lanzó un objeto contundente en el rostro de la periodista Rayza Ontiveros, de Red Uno cuando ella realizaba un despacho al vivo respecto al traslado del gobernador Luis Fernando Camacho a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz.
Un día después, el camarógrafo del portal digital Periodismo Somos Todos José Enrique Tarquifue herido tras recibir el impacto de cinco perdigones que se introdujeron en su cuerpo. Tuvo que ser hospitalizado para que los médicos le extrajeran cada perdigón de su abdomen.
Ese mismo día, el vehículo de Harol Salvatierra y con el que trabajaba de uber (conductor) los fines de semana fue incendiado mientras cubría los incidentes que se registraron en el Comando Departamental de la Policía y sus alrededores. Ambos hechos se registraron en Santa Cruz.
“Los fines de semana hacía de taxista. Tengo 17 años de periodista. Es difícil hacer periodismo en Bolivia, en Santa cruz también, la gente no tiene respeto por lo que hacemos ni las autoridades. No ha habido un castigo ejemplar contra las personas que agreden a los periodistas”, dijo Salvatierra en contacto telefónico con este medio.
El 1 de noviembre, el periodista de Unitel, Mario Rocabado, quien cubría los hechos violentos en el municipio de La Guardia, en Santa Cruz fue golpeado con palos y piedras, también le robaron su celular y sus pertenencias. La Fiscalía inició las investigaciones de oficio y se aprehendió a Marco Antonio P.F. y Constantino C.C. quienes fueron imputados por los delitos de lesiones graves, contra la libertad de expresión y robo agravado; sin embargo, el 18 de noviembre el juez Sexto de Instrucción Cautelar de Santa Cruz, Manuel Batista, dispuso arresto domiciliario para ambos.
“Se destaca la acentuación de expresiones violentas, ya sea verbales o físicas, en contra de periodistas individuales y una naturalización de los casos de estigmatización contra periodistas. A ello se añade que la dependencia de la justicia al poder político redunda en un desconocimiento de las leyes que protegen a los periodistas y que provoca que se incurra en violación a principios elementales como la reserva de fuente y el acceso a la información pública”, indica en el informe.
La segunda semana de enero, la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia se reunió con la viceministra de comunicación, Gabriela Alcón para solicitarle garantías a los periodistas para que puedan ejercer su trabajo con plena libertad y seguridad. “Ella se comprometió como viceministerio”, dijo Jorge Abrego, su secretario ejecutivo.
“El trabajo periodístico es de alto riesgo. Estamos cansados de sacar pornuniamientos, resoluciones, solicitudes de audiencia. Y nos pasamos así con las autoridades del ejecutivo, es un procedimiento muy burocrático donde no tuvimos resultados, esto es un alto y una preocupación”, sostuvo además Carmiña Moscoco, secretaria de conflicto de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz.
La dirigenta dijo que se quiere evitar que se naturalice la violencia contra los periodistas. Por ello, desde esa instancia se pidió a la Justicia que se identifique la violencia y que se inicien procesos penales para aquellos responsables de las agresiones contra la prensa, “gente que sea detenida, procesada y sentenciada. Se debe garantizar el derecho a la información”.
El secretario de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz Marco Curi señaló que no se cumple a cabalidad las leyes, por ello algunos medios son más “lights”, es decir que se han auto restringido y prefieren no entrar en temas que atañen al ámbito político. “También reciben agresiones verbales, les dicen ´vendidos´. En los 36 días de paro cívico al menos un periodista fue agredido diariamente”.
Sobre el secuestro y la tortura a los que fueron sometidos seis periodistas en la hacienda Las Londras, en la provincia Guarayos de Santa Cruz, en octubre de 2021. Curi aseguró que el caso quedó en completa impunidad y estancado ya que las dos personas que fueron aprehendidas, Paulino C. V. y Ever Sixto C. S., fueron beneficiados con detención domiciliaria el 22 de junio del año pasado, medida ordenada por el juez de Ascensión de Guarayos, Roberto Cruz Hurtado, benefició con la detención domiciliaria al implicado en el caso sin escolta, con la presentación de dos garantes y además se dispuso su arraigo.
“Las asociaciones y sindicatos de periodistas están debilitados, precisamente por esa política de confrontación entre periodistas y el poder, y son pocas las instancias en las que los trabajadores de la prensa pueden buscar apoyo. Se registra un desequilibrio en el uso de recursos públicos para medios afines ideológicamente al poder político y el saboteo o asfixia económica para los medios críticos e independientes”, se lee en el informe.
Discursos estigmatizantes
Estas situaciones de violencia se producen en medio de declaraciones estigmatizantes de altas autoridades del Estado, por ejemplo, las acusaciones públicas del procurador General del Estado, Wilfredo Chávez.
La última estuvo orientada a cuestionar el trabajo de la red de televisión Unitel, en su red social escribió “De twiter” y compartió un banner con el siguiente mensaje: "Unitel, prensa basura. ¿Dónde estabas cuando masacraron en Sacaba y Senkata?. Pero ahora dando cobertura a los delincuentes de la UJC".
En otra oportunidad, el 26 de octubre del año pasado escribió: “Así operaba y mentía la pobredumbre mediática de la cleptocracia golpista. El tiempo despejó toda duda de ese gobierno delincuente y sus encubridores mediáticos”.
En otra fecha, en relación al diario El Deber dijo que era una de las “cabezas del Clan de la mentira”, al comentar sobre una información difundida por ese medio de comunicación.
No es el único en el partido gobernante que tiene esa percepción de los medios, el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana fue –prácticamente- el autor de nominar a cuatro medios como el “cártel de la mentira” en 2016.
El año pasado afirmó que estos mutaron “Hay una mutación de lo que se caracterizó del cartel la mentira, hoy están mutando al gangsterismo mediático, los medios se han convertido en unas verdaderas cloacas mediáticas, que todos los días destilan mentiras, infamia, odio, no tienen nada que ver los medios de comunicación con la información nos quieren tomar el pelo todos los días. Se han convertido -de verdad- en armas potentes de todos los días, disparan dosis de odio, de rencor, de ira porque se ven invencibles fuertes y nos ven cada vez con más conciencia con más capacidad no solamente desde resistencia y de lucha".
A fines de diciembre de 2022, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, hizo un llamado para que se garantice la libertad de prensa en medio de los hechos de violencia contra trabajadores de la prensa en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Los periodistas fueron afectados por las fuerzas del orden cuando hacían la cobertura de la violencia y gasificación contra los movilizados que rechazaban la detención del gobernador Luis Fernando Camacho.
“Estoy recibiendo reportes de agresiones severas a la prensa en #Bolivia que se atribuyen al despliegue policial. Hago un llamado a las autoridades para dar instrucciones públicas a sus agentes sobre el deber de garantizar las libertades de prensa, reunión pacífica y asociación (sic)”, escribió el representante internacional el 31 de diciembre.
“Al parecer es una sociedad no conforme con el trabajo periodístico. Pareciera que si nosotros hablamos algo que no les guste a esos sectores se vuelcan contra los medios de comunicación social, principalmente de las organizaciones sociales, nosotros trabajamos con el equilibrio y la ética periodista, parte y contraparte”, dijo Hugo Acuña, dirigente del Sindicato de El Deber, de Santa Cruz.
MVL
