La Paz, 9 de abril (ANF). – Ante los casos de agresiones a niños en Potosí y La Paz, la Defensoría del Pueblo expresa su alarma sobre la violencia protagonizada por sus madres, y condena este tipo de acciones que afectan la integridad física y psicológica de esta población en situación de vulnerabilidad y en desarrollo.
La institución Defensorial evidenció que el Juzgado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Distrito 12 de El Alto conoció el caso del niño de cuatro años al que se observa, en un video que se hizo viral, que es maltratado por su madre M.S.C., desde diciembre de 2020 sin que haya llevado adelante medidas de protección y defensa de la víctima, y manteniendo la custodia con la progenitora.
La Defensoría del Pueblo, solicitó la inmediata valoración biopsicosocial del niño y su rescate de ser necesario; asimismo, remitió notas a las autoridades de la comuna alteña, requiriendo informes sobre las acciones asumidas y las sanciones a los funcionarios que habrían conocido el caso desde la gestión pasada y que no activaron los mecanismos de protección mínimos para salvaguardar la integridad física y psicológica del infante.
En un comunicado, la Defensoría afirma que en el caso de la niña a la que se observa, en otro video que se hizo público, cómo su madre la golpea mientras pasa clases virtuales, la Defensoría del Pueblo, a través de su Delegación en Potosí, realiza seguimiento a las acciones desarrolladas por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia que realizó una intervención multidisciplinaria para atender a la víctima que, de acuerdo a la referencia psicológica, refleja apego hacia la progenitora. Esta instancia municipal anunció acciones legales en contra de la agresora que también será valorada psicológicamente.
La Defensoría del Pueblo recuerda a las autoridades competentes que tienen el deber de velar por el interés superior, así como de proteger la integridad física, psicológica y sexual de los niños, niñas y adolescentes, quienes de ninguna manera pueden ser sometidos a torturas, ni otro tipo de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Asimismo, exhorta a las madres y padres que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al buen trato que comprende una crianza y educación no violenta, basada en el respeto recíproco y la solidaridad, y que está prohibido cualquier tipo de castigo físico, violento o humillante, de acuerdo con el Código Niña, Niño y Adolescente, que considera como forma de violencia a cualquier acción u omisión, por cualquier medio, que ocasione privaciones, lesiones, daños, sufrimientos, perjuicios en la salud física, mental, afectiva, sexual, desarrollo deficiente e incluso la muerte de la niña, niño o adolescente.
Esta institución, durante la gestión 2020, registró 225 casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes, los cuales se relacionan con violencia familiar, incumplimiento de garantías jurisdiccionales o de interés superior del niño, violencia en la sociedad en general y derecho a que se haga justicia.
La coordinadora del proyecto Tejiendo Redes de Infancia, Julia Velasco, plantea que el Gobierno debe implementar políticas públicas que permitan capacitar a los progenitores en el manejo de redes sociales y plataformas virtuales para evitar el maltrato infantil.
Asevera que las autoridades en lugar de sancionar a la progenitora deben buscar una solución positiva y propositiva para proteger a la menor.
“El Estado tiene que intervenir, pero no de manera sancionadora con la mamá, no se va a conseguir nada si se envía a la cárcel a la mamá, la niña u otros hijos van a quedar en la desprotección. Es importante que el Estado implemente políticas públicas para capacitar a los padres y madres de familia”, indica.
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