La Paz, 20 de julio (ANF).-Tras la conminatoria de la Fiscalía al sector médico de cumplir la Acción Popular para evitar que realice paros y huelgas, el Sindicato de Ramas Médicas de Salud (Sirmes) de La Paz resolvió este sábado que si uno de sus afiliados o dirigentes es procesado, detenido o afectado por cualquier acción legal, se declarará una huelga general indefinida para luchar por mejores condiciones para el ejercicio de la profesión y para la atención de los pacientes.
“Si algún colega o un dirigente es procesado, detenido o afectado por cualquier acción legal, ingresaremos de forma inmediata en una huelga general indefinida como sector público de La Paz”, informó a ANF el secretario ejecutivo del Sirmes de La Paz, Fernando Romero.
El dirigente afirmó también que se presentarán denuncias ante instancias internacionales jurídicas y de salud debido a que las autoridades del Ministerio de salud y el Poder Judicial no ofrecen ninguna garantía laboral ni profesional al sector.
Romero agregó que se instruyó a sus afiliados ratificar su compromiso por la salud del país y convocar a la población a luchar con el sector para construir un “verdadero” sistema de salud.
Las medidas fueron anunciadas luego de que la Fiscalía Departamental de La Paz dio a conocer que se presentó un memorial ante el Juez de Garantías Constitucionales para conminar al Colegio Médico de La Paz y a sus representantes a cumplir la Acción Popular a fin de evitar que los galenos realicen paros y huelgas del sector salud.
“Lo que existe, tengo entendido, es que el ciudadano presentó un memorial al Juez de Garantías Constitucionales para que se dé estricto cumplimiento a lo dispuesto en la tutela a la Acción Popular presentada. Esta instancia en su proveído conmina al Colegio Médico de La Paz y sus representantes a cumplir y observar el referido fallo, bajo alternativas de ley y fue esa conminatoria que se les notificó”, explicó el fiscal departamental de La Paz, William Alave.
La autoridad judicial precisó que, según el procedimiento, el Juez de Garantías Constitucionales o el accionante del recurso de la Acción Popular pueden remitir los antecedentes al Ministerio Público si los representantes del Colegio Médico de La Paz y el Sirmes no dan cumplimiento a la conminatoria emitida por dicho juez.
El 10 de enero de este año, el juez Público Civil y Comercial 11, Celso Villalobos, dio curso a la Acción Popular presentado por el dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de El Alto, David Ticona Balboa, que establece que las autoridades del Ministerio de Salud, la Gobernación y de la Alcaldía de La Paz deben garantizar el ‘‘acceso continuo’’ a los servicios de salud e iniciar procesos contra quienes interfieran en las prestaciones.
El recurso fue interpuesto para evitar que los médicos vuelvan a suspender los servicios de salud en el sector público y de la seguridad social como lo hicieron a fines de 2018 en contra de la aplicación del Sistema Único de Salud (SUS) por la falta de condiciones.
Para Romero dicha conminatoria es una “forma violenta” de intentar acallar a su sector porque activa procesos administrativos, civiles y penales e incluso posibilita el uso de la fuerza pública contra los afiliados del Sirmes La Paz.
“Es una muestra clara que el gobierno controla todos los Poderes del Estado y dispone a su antojo de las autoridades del Poder Judicial”, aseguró.
El dirigente explicó que las resoluciones del sector se emitieron porque se “pisotea” el artículo 53 de la Constitución Política del Estado (CPE) que garantiza el derecho a la huelga como el ejercicio de la facultad legal de las trabajadoras y los trabajadores de suspender labores para la defensa de sus derechos, según la ley.
El jueves y viernes, el sector médico hizo un paro de 48 horas en demanda de garantías laborales para no seguir exponiendo la vida de sus profesionales, así como medicamentos, insumos, equipos, personal e infraestructura para dar una adecuada atención a los pacientes.
Asimismo, Alave aclaró que no existe ninguna orden de aprehensión ni denuncia penal contra el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea y Romero por la acción popular en contra de los paros y huelgas de los médicos.
El viernes, Romero denunció que el Ministerio Público lo notificó a él y a Larrea con una orden de aprehensión debido a la acción popular
En ese sentido, la autoridad judicial aclaró que a esa institución no llegó ninguna denuncia penal contra dichos representantes por el presunto delito de Desobediencia de Resoluciones de Acciones de Defensa e Inconstitucionalidad por dicha acción popular.
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