Red ciudadana pone bajo vigilancia a la justicia y tras las rejas a violadores e infanticidas

La Paz, 5 de agosto (ANF).- A fuerza de presión y de plantones en las audiencias judiciales y con una estrategia de denuncia a través de las redes sociales, en un año la Red Contra el Infanticidio y el Abuso Sexual ha puesto tras las rejas a unos 40 violadores e infanticidas a nivel nacional.

Ante la conmoción que provocó la muerte de Alison, la niña de seis años que en junio de 2017 fue violada y asesinada por sus primos de 12 y 14 años en el municipio de Portachuelo, la abogada Jessica Echeverría se planteó seriamente la idea de convocar a profesionales que estuvieran dispuestos a comprometerse con la defensa gratuita de víctimas de violencia e infanticidio.

Un mes después,la Red se activó “casi de milagro y por indignación” ante el caso de la niña que las autoridades judiciales hicieron comparecer ante el hombre acusado de haberla abusado sexualmente tres años antes, detalló Echeverría a ANF.

“Ahí falló todo el sistema, que mostró incapacidad y negligencia y la gente reaccionó y conformó la Red para denunciar a los responsables y movilizarse demandando la destitución de la jueza y exigiendo reencauzar el proceso.  Esa fue la primera causa que nos tocó defender como Red”, dijo.

El 20 de octubre de 2017, en audiencia reservada de juicio oral, luego de tres años de peregrinación de la familia pidiendo justicia para su pequeña hija, se dictó sentencia de 20 años de privación de libertad para el violador.

Esta primera intervención, según Echeverría, es trascendental tanto por la sentencia como porque dejó en claro “de una vez y para siempre, que las leyes obligan a preservar el interés superior del menor y evitar transgredir el principio de actuación procesal denominado no revictimización y que los jueces penales tienen la obligación de respetar el derecho de no obligar a las víctimas de violación que sean menores de edad a confrontarse con su presunto agresor”.

De ahí en más se produjo una especie de efecto cascada. El primer grupo de profesionales que se brindó para la asistencia legal gratuita en el caso de esta niña “fue creciendo hasta estructurar en la actualidad una red de voluntariado de más de 100 profesionales que actúan en la capital y varias provincias cruceñas y que ya supera las 500 personas en todo el país”, aseguró la gestora de esta iniciativa.

Los primeros activistas fueron movilizados a través del WhatsApp, y poco a poco, el grupo creado para convocar a profesionales dispuestos a representar de manera gratuita a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y a buscar sanción para los infanticidas, fue creciendo “casi de manera incontrolable y se fue extendiendo por todo el país”.

Jessica Echeverría revisa uno de los casos que auspicia la Red.  Foto: ANF

Según Echeverría, quienes integran la Red conocen los procedimientos y las chicanas del sistema judicial, por tanto, sabían cómo lidiar con fiscales, jueces, policías y otros abogados para enfrentar a la impunidad y, sobre todo, “para dar voz a las víctimas, porque sabemos que sus testimonios suelen ser ignorados”.

A los abogados, se sumaron psicólogos, trabajadoras sociales y policías, pero también autoridades de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, de las fuerzas especiales de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y de Lucha Contra el Crimen (FELCC) porque “es necesario realizar un trabajo integral y todo suma en la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas”.

La Red activó su sitio en el FaceBook para denunciar los casos en los que la Fiscalía no actuó de oficio en la investigación y recolección de evidencias, o demoró meses en formular una acusación y solicitar medidas cautelares, o para alertar respecto a la parcialización de los jueces, la alteración de evidencias o para revelar sus sospechas de corrupción.

Activistas de la Red Ciudadana durante una movilización en Santa Cruz. Foto: ANF

A través de todos los mecanismos a su alcance puso en evidencia que los funcionarios no están sensibilizados, y que no faltan “forenses que le dicen a una niña, \'apúrese por favor, a ver señora ayude a su hija de una vez a que se saque el calzón\'; psicólogas que interrogan ‘a ver mi amor dibújame cómo fue que te hizo, que te dijo, con que palabras’, o alguna funcionaria de la Defensoría que cuestiona ‘pero su hija no es virgen’ a una madre que busca justicia”, detalló Echeverría.

Y añadió que aún de la vigilancia ciudadana no siempre se cumple con la celeridad, los juzgados tardan meses en sortear la apertura de un juicio, los procesos pueden prolongarse por años, no hay gratuidad y “las sospechas de corrupción recaen sobre todo el sistema”.

En Bolivia una de cada tres niñas y adolescentes sufre violencia sexual antes de cumplir los 18 años lo que convierte al país en el segundo con más víctimas en América Latina. Y frente a esa realidad la Red Contra el Infanticidio y el Abuso Sexual “apenas aporta con un granito de arena, nuestro principal obstáculo es que nos faltan manos, son tantas las víctimas, que apenas nos abastecemos”.

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