Carlos Ochoa.
La Paz, 15 de febrero (ANF).- Los representantes de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), Fundamedios (Ecuador) e IPYS (Perú), organizaciones que forman parte del proyecto regional Voces del Sur, pedirán al Gobierno boliviano que no conceda el estatus de refugiado al exsuperintendente de Comunicación de Ecuador, Carlos Ochoa, solicitante en el país, y lo devuelva a las autoridades de su país para que responda por los delitos cometidos en el ejercicio de funciones públicas.
Las organizaciones de prensa y de defensa de la libertad de expresión afirmaron, según su criterio, que no existe ninguna causa para que el señor Ochoa pueda ser considerado un perseguido político, pues en Ecuador “debe responder a un juicio por falsificación de documento público, uso del mismo documento falsificado para sancionar fraudulentamente a 11 medios de comunicación y malversación de fondos públicos al ordenar la impresión de 300.000 ejemplares de la Ley de Comunicación que contenía alteraciones a la norma”, presuntamente perpetradas por Ochoa.
En este caso registrado en 2016, señala la nota de prensa, Fundamedios y el Colegio de Abogados de Pichincha (Ecuador) presentaron una denuncia en contra del entonces funcionario.
El diario El Universo publicó que la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) imprimió 300.000 textos de bolsillo de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), en los cuales se observó la alteración de la ley con la cual se sancionó a 11 medios de comunicación.
El 12 de febrero, la Cancillería de Bolivia confirmó la solicitud de refugio presentada por el exsuperintendente de Comunicación, y ante esto las organizaciones reiteraron que el Gobierno Boliviano “debe negar esa solicitud, pues la noble institución del refugio no se debe prestar para proteger a quienes son acusados de delitos comunes”.
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