La Paz, 31 de octubre (ANF).- Las organizaciones e instituciones de la sociedad civil en una carta dirigida al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, rechazaron el proceso de auditoría al cómputo de las Elecciones Generales del 20 de octubre y anticiparon que no reconocerán los resultados de dicho análisis.
“Queremos dejar sentado que no reconocemos este proceso de auditoría como legal y válido ni reconoceremos los resultados del mismo. Hacemos responsables a las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia y la Organización de Estados Americanos, por la profundización de la crisis que se avecina”, se lee en la carta enviada a Almagro.
Quince organizaciones e instituciones suscribieron el documento, entre las que se encuentran: la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, Apoyo para el Campesino Indígena del Oriente Boliviano, Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, Centro de Estudiantes de Sociología Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado.
Asimismo, se adscriben a la carta Colectivo Arbol, Colectivo Alas Chiquitanas Voluntarios, Colectivos Ríos de Pie, Fundación Natura Bolivia, Fundación Tierra, Plataforma por el Medio Ambiente y la Vida, Programa Nina, Párroco de San Ignacio de Moxos Fabio Garbari y José Antonio Martínez catedrático de la Universidad Autónomo Gabriel René Moreno.
Las instituciones señalan que tenían la esperanza en que el organismo regional genere un “proceso político consensuado”, en un escenario de violencia que vive el país desde la pasada semana y que la auditoría integral podía ofrecer una salida política a la crisis; no obstante, observaron el Convenio entre el Gobierno boliviano y la OEA.
Argumentan su rechazo porque no tomaron en cuenta a otras partes del conflicto, ni de representantes de la sociedad civil movilizada; además, porque la auditoría se limita al cómputo del sufragio y no incluye las fases pre, durante y post electoral y cuestionan que no se considere el proceso en su dimensión integral.
Sostienen que el proceso electoral no empezó el 20 de octubre, sino mucho antes, el 21 de febrero de 2016, cuando un referéndum rechazó la repostulación del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera.
Por otra parte, señalan que las “irregularidades de carácter técnico y legal” que determinaron los resultados del 20 de octubre, sino en el empadronamiento, porque la sociedad civil realizó denuncias. También hacen notar el “debilitamiento y la progresiva falta de objetividad del Órgano Electoral”, además de la renuncia de cuatro de los siete vocales del TSE.
Las organizaciones firmantes también hacen referencia a la situación política en el país que se traduce en medidas de presión como los paros y bloqueos en las ciudades y en las carreteras ante el rechazo al proceso electoral que careció de credibilidad.
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