Víctimas de maltrato. Foto: Captura
La Paz, 3 de abril (ANF). - Más de una treintena de organizaciones de la sociedad civil y en defensa de los derechos humanos, exigió a las autoridades del Órgano Judicial y el Ministerio Público celeridad en el proceso penal contra Carlos A. V., por agredir a sus hijas durante 15 años.
Cuestionaron el actuar del juez a cargo del caso porque determinó detención domiciliaria del sindicado, pese a que existen indicios de culpabilidad y peligrosidad para las menores. Además, una de las víctimas denunció que el sujeto tiene tres identidades.
"Demandamos a las autoridades judiciales actuar con celeridad, garantizar la participación y acceso de las víctimas y sus representantes durante el proceso, garantizar la efectividad de las medidas de protección para evitar nuevos hechos de violencia", señala el comunicado.
Las hermanas Carolina y Cristal quedaron bajo el cuidado de su agresor cuando tenían 5 y 6 años, respectivamente por una decisión judicial que no tomó en cuenta los antecedentes de maltrato que presentó la madre de las entonces menores de edad.
A la vez, el grupo de activistas pidió que la justicia aplique la Sentencia Constitucional 017/2019 del 13 de marzo del 2019, que establece que en los casos de violencia contra mujeres, se evaluará el peligro de fuga del sindicado, la vulnerabilidad de la víctima.
Además solicitaron a la Fiscalía General y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) supervisar el proceso penal contra el sujeto, por el retraso en las investigaciones y la decisión inadecuada que asumió el juez del caso.
El hecho
Carolina, que aún temblaba de miedo a la hora de recordar las agresiones que sufrió, contó que su madre también era golpeada constantemente por este sujeto que derivó en la solicitud de divorcio.
Tras quedarse con la tutela de las menores, el sindicado comenzó a agredirlas sin razón alguna, pero se enseñaba con ella porque se parece a su madre. En septiembre del pasado año la golpeó hasta dejarla inconsciente en el piso de su casa.
Sin embargo, esas agresiones no eran todo, una de las víctimas fue abusada sexualmente por uno de los sobrinos del sindicado. Este se enteró del hecho no hizo nada para detener el vejamen.
En enero de este año, el agresor quiso obligar a las víctimas a firmar un documento de cinco hojas donde rechazan a todos sus derechos como personas, alimentación y a la atención en un centro hospitalario.
"Quiso obligarnos a firmar esos documentos donde dice que rechazamos a todos nuestros derechos a la educación, alimentación y a la salud. Nos encerramos en mi cuarto y decidimos escapar de la casa para denunciar las agresiones de las que somos víctimas", relató entre lágrimas al programa Contacto Bolivia.
La víctima, indicó que el sujeto es director de la carrera de Informática de la Universidad Franz Tamayo en la ciudad de El Alto, además que tiene tres identidades.
/EUA/NVG/
