La Paz, 12 de septiembre (ANF).- La Organización de Naciones Unidas (ONU) en Bolivia condenó el señalamiento público que se le hizo a una mujer por el rapto de una bebé de un mes de nacida, ocurrido hace unos días en la ciudad de La Paz.
“Resulta condenable el indebido señalamiento público a una mujer por el rapto cometido en contra de una niña, ilícito que debe esclarecerse diligentemente”, se lee en parte del tuit del organismo internacional.
ONU-Bolivia remarcó que la exhibición pública de la identidad de una persona inocente “trastoca los derechos a la honra, dignidad e integridad”.
El pasado jueves, la Policía y el Ministerio de Gobierno difundieron la fotografía de Lourdes Ninoska Pacheco como la presunta secuestradora de la bebé Samantha Ayala.
“Aparentemente es una mujer que tiene problemas de alcohol, estamos tras sus pasos. Si Dios quiere en las próximas horas vamos a tener buenas noticias para Bolivia”, anunció el jueves el ministro Murillo.
Pacheco se presentó ante las autoridades policiales y aclaró que nada tuvo que ver con el rapto de la menor de edad y la policía aclaró que se trató de un “impasse”. Esta situación le costó a la mujer una serie de amenazas en las redes sociales y en su natal Guanay adonde teme regresar.
Pacheco exigió disculpas públicas a Murillo en cadena nacional y la certificación mediante un documento de que ella nada tuvo que ver en la desaparición de la bebé.
Murillo pidió disculpas a Pacheco por medio de un comunicado en la cuenta de Twitter del Ministerio de Gobierno, lo que fue considerado insuficiente por la afectada. “Así como denigró mi imagen y mi buen nombre de manera pública, igual que se presente y pida disculpas”, dijo.
Para ONU-Bolivia, si bien se reconoce la disculpa pública formulada por el Ministerio de Gobierno, “se alienta a las autoridades a reparar integralmente a la mujer injustamente señalada y a extraer las lecciones pertinentes para evitar la repetición de acciones que también comprometen el debido proceso”.
Ante el silencio de Murillo, Pacheco inició una acción penal contra el ministro por reparación a su imagen, debido a que la autoridad no hizo caso a su pedido de satisfacción pública.
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