Sucre, 21 de Feb. (ANF).- El presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, anunció este viernes que la Asamblea Legislativa realizará una “reforma total” al sistema judicial penal en Bolivia con el objetivo de cambiar la justicia penal del país.
“La razón para esta reforma integral, es que se ha considerado lo mal que se encuentra la justicia en el ámbito más preocupante, más complejo y difícil que es el área penal donde se ven las mayores violaciones a los derechos de los individuos, donde se ve la mayor corrupción y retardación de justicia haciendo durar los procesos años, con el fin de extorsionar con la libertad de las personas”, señaló Arce en conferencia de prensa en el salón de la Universidad Andina Simón Bolívar.
En compañía del presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío y del rector de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), José Luis Gutiérrez Sardán, Arce explicó que se creará el Código del Sistema Penal Boliviano que estará contenida por las tres normas que serían contenidas en uno solo; el nuevo código sustantivo penal, un nuevo código procesal adjetivo y una nueva ley de ejecución.
“Esta reforma será ambiciosa y se introducirá en un sólo cuerpo un nuevo código sustantivo penal, un nuevo código procesal adjetivo y una nueva ley de ejecución, tres normas que serían contenidas en uno solo y que se llamará Código del Sistema Penal Boliviano”, anunció el Arce.
Asimismo, explicó que otro de los cambios sustanciales de esta normativa integral será dividir los tipos penales en crímenes, delitos y faltas además se prescindirá de los fiscales en casos leves o delitos menores.
En ese caso, el Ministerio Público sólo intervendrá en los casos graves tipificados como crímenes, en los delitos como por ejemplo estelionatos, estafas y otros intervendrán solo las partes ante el juez, así los fiscales se dedicarán sólo a los casos grandes.
Arce aseguró que se busca descongestionar la justicia y presionar a los jueces para que cumplan los plazos y alivianar la carga procesal que tienen.
El objetivo central de esta reforma total del sistema penal boliviano es que “los juicios o procesos duren de seis meses a un año máximo”.
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