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Nacional Sociedad

Gobierno anula acta que firmó con mineros auríferos para explotación en áreas protegidas

Autoridades gubernamentales se reunieron con la Central de Pueblos Indígenas de La Paz, luego que se hizo una toma simbólica del parque Madidi.
7 de Noviembre, 2022
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Autoridades gubernamentales en la reunión con Cpilap. Foto: Captura video

La Paz, 7 de noviembre de 2022 (ANF).- El Gobierno y la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap) determinaron anular en su totalidad “los puntos del acta suscrita en fecha 27 de octubre de 2022” entre las autoridades gubernamentales y la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (FECOMAN) que abría el paso a la explotación del oro en tres áreas protegidas del norte de La Paz.

Autoridades dependientes del Viceministerio de Medio Ambiente, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), Dirección Departamental de Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) y la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (FECOMAN) firmaron un acuerdo el 27 de octubre que afectaba los derechos territoriales, ambientales y humanos de los pueblos indígenas del norte del departamento.

“La presente acta anula en su totalidad los puntos del acta suscrita el 27 de octubre de 2022”, entre las autoridades antes mencionadas, dice el documento firmado este 7 de noviembre tras una reunión entre representantes de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap) y del Gobierno: Rodrigo Delgadillo, director Jurídico del Ministerio de Medio Ambiente y Agua; Omar Tejerina, viceministro de Medio Ambiente y Teodorodo Mamani, director del Sernap.

“Esta es una más de las reivindicaciones que el movimiento indígena del norte de La Paz realiza con la voluntad de las autoridades que hemos tenido el día de hoy. Los derechos de los pueblos indígenas son irrenunciables”, manifestó el presidente de la Cpilap, Gonzalo Oliver Terrazas.

El primer punto de la resolución señala que los acuerdos que promueve el Estado en los casos que afecten o que sean susceptibles de afectar los derechos territoriales, ambientales y humanos de las naciones y pueblos indígenas deben suscribirse cumpliendo el derecho a la consulta previa en sujeción a la Constitución y las leyes.

“En concordancia con el punto anterior, la emisión de los Certificados de Compatibilidad de Uso de Suelo para las actividades extractivas a cargo del SERNAP, deben emitirse previo cumplimiento de lo establecido en los planes de manejo vigentes, y en los casos que afecten o que sean susceptibles de afectar los derechos territoriales, ambientales y humanos serán objeto de sanciones o nulidad”, señala el segundo punto del documento.

Respecto a los planes de manejo de las áreas protegidas Madidi, Apolobamba y Cotapata, el punto 3 del acuerdo señala que éstas se deben mantener vigentes conforme lo establecido en su norma de aprobación y que el SERNAP debe garantizar su vigencia plena. “Su actualización, debe realizarse con la participación de los pueblos y/o naciones indígenas directamente involucrados con el área protegida, en respeto al sagrado derecho a la consulta, bajo sanción de nulidad”.

El punto 4 dice que los procedimientos para la actualización de los planes de manejo deben ser estrictamente aplicados conforme lo dispuesto en las normas vigentes, sin que sean manipuladas por medio de acuerdos unilaterales e inconsultos.

“Con base a los diversos estudios realizados por distintas instituciones, las instancias correspondientes del Gobierno en el marco de sus competencias, deben implementar acciones para mitigar y en su caso contribuir a las gestiones necesarias para la reparación de los daños ocasionados a los pueblos indígenas por la contaminación con residuos de mercurio y otros a causa de la minería, en cumplimiento a las normas internacionales y a la CPE”, señala el punto cinco del documento.

En el marco de la Ley cuando se evidencie el incumplimiento a la normativa ambiental, toda actividad minera ilegal al interior de las áreas protegidas aun siendo estas preconstituidas, serán objeto de inicio de acciones legales para su paralización y expulsión de las áreas en coordinación con las instancias pertinentes y con el apoyo de las organizaciones de los pueblos indígenas afectados.

“Está claro en los documentos que desde que yo he asumido no existe ninguna autorización para ingresar al parque Madidi, más al contrario hemos podido anular 17 empresas y 6 cooperativas que están dentro del parque porque eso es para cuidar y para preservar. Y por eso vamos a seguir trabajando. Lo que es la verdad hay que sacar en las noticias, eso a veces nos puede complicar”, manifestó Teodoro Mamani, quien expresó su preocupación por el reporte de contaminación y señaló que “seguridad las autoridades competentes tomarán acciones”.

Este lunes, las autoridades se reunieron con Cpilap luego que este fin de semana se hizo una toma simbólica del parque Madidi, en rechazo a dicho acuerdo que fue suscrito en pasados días.

/ANF/


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    Áreas protegidas