La Paz, 21 de marzo (ANF).- La Federación de Choferes 1 de Mayo terminó dividida tras un ampliado donde debía explicarse el destino de Bs 11 millones que fueron recaudados del peaje en la autopista La Paz-El Alto; la reunión terminó con sanción a algunos sindicatos; los dirigentes anunciaron que los transportistas seguirán aportando en el peaje.
“Con referencia a los 0,20 centavos el transporte no va a renunciar al aporte voluntario que tiene que ser fiscalizado y se tiene que hacer la rendición de cuentas, y por eso no se va a permitir ni tolerar la intromisión de ningún político”, declaró el ejecutivo de la Confederación Nacional de Choferes, Ismael Fernández.
Hizo esas declaraciones al concluir una asamblea sin la presencia de algunos sindicatos que prefirieron abandonar el salón denunciando que fueron coartados en el derecho a voz y a la libre expresión. “Están maquinando para salir limpios”, denunció Gregorio Quispe.
El representante del sindicato Murillo exigió respeto para su organización y anunció la declaratoria de estado de emergencia, por los hechos que suceden producto del manejo y administración de los recursos económicos recaudados por concepto del peaje.
“Vamos a ser claros, al hombre de base yo no voy a estar por una o cinco personas y su mala administración mellando mi nombre, porque tengo familia. A mí no me ha tocado ni un centavo”, afirmó el dirigente.
El grupo de sindicatos reaccionaron molestos, reprocharon por la actitud de los dirigentes que presidieron la asamblea, Víctor Condori del sindicato Virgen de Copacabana denunció que “no hay democracia sindical. Mi sindicato aporta en la autopista, pero jamás se ha beneficiado”, protestó,
El sindicalista dijo que le impidieron hablar y no le dieron la palabra solamente porque exigió a Rubén Sánchez dirigente de la Federación Departamental que explique el destino de los 11 millones de bolivianos.
Advirtió que no permitirán que cuatro sindicatos sean suspendidos y uno expulsado; a lo que Quispe planteó que se convoque a “elecciones universales, que todos voten”, para dar fin con los problemas a raíz de las denuncias sobre la administración de millonarios recursos económicos.
Sin embargo, Rubén Sánchez minimizó la reacción de sus compañeros, “si bien hacia afuera se ha visto un descontento de dos o tres instituciones afiliadas, se debe a que a dos se les está sancionando por el tipo de accionar que han tenido”, sostuvo.
Precisó que los sindicatos sancionados son Murillo a la cabeza de Zenón Canaviri y Abaroa con Lucio Quispe, porque no agotaron las instancias internas para resolver sus observaciones sobre la administración de los recursos económicos que se administraron en diferentes gestiones.
Negó que hubieran existido millonarios fondos en la organización. “No hay tal (de) esas supuestas cifras millonarias que habían enlodado a la dirigencia”.
Anunció que todos los directorios de anteriores gestiones serán “conminados” a prestar un informe en una asamblea, el primero en ser convocado será el exdirigente y actual diputado del MAS, Franklin Durán (2003-2008) y René Vargas (2008-2013).
“Van a tener que dar un informe económico a los compañeros, porque se ha ido embarrando la imagen de la organización; como burla incluso algunos políticos nos han indicado que si tenemos daños psicológicos debemos ir al psicólogo”, afirmó Sánchez.
La asamblea se realizó con policías custodiando las puertas de la sede donde se reunieron ante la posibilidad de enfrentamiento.
Los problemas en la organización surgieron después que el diputado Wilson Santamaría denunció que Vías Bolivia había transferido al menos 11 millones de bolivianos a las cuentas personales de los dirigentes, presuntamente para un Fondo de Salud.
Sin embargo, los dirigentes de la federación señalaron que no se beneficiaron de esos recursos económicos y tampoco tuvieron un seguro o apoyo para los temas de salud.
A cada afiliado a esta federación en el puesto de peaje le retenían 0,20 centavos “voluntarios” para el mencionado fondo.
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