La Paz, 29 de mayo de 2026 (ANF).- La diputada Sandra Rivero (PDC) denunció presuntas irregularidades y posibles hechos de corrupción en los denominados vuelos “solidarios” realizados por la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), tras una inspección efectuada en instalaciones militares donde, según afirmó, se estaría utilizando aeronaves estatales para favorecer negocios privados bajo el argumento de ayuda humanitaria.
La legisladora cuestionó que estos vuelos internos sean presentados como operaciones solidarias cuando, supuesamente—según sostuvo— funcionan como un servicio de transporte privado para empresarios que trasladan mercancía pagando únicamente el combustible de las aeronaves militares.
“Lo que debería ser una ayuda a la población se está convirtiendo en una comercialización privada”, afirmó Rivero a ANF, al señalar que durante su fiscalización constató el arribo de grandes cantidades de carne de pollo provenientes de Santa Cruz con destino a mercados de La Paz.
La diputada observó que el producto era ofertado entre 32 y 35 bolivianos el kilo, precios que, a su juicio, contradicen el carácter social que se intenta atribuir a estos operativos. Añadió que incluso recibió una propuesta para gestionar la entrega del pollo a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) a 25 bolivianos el kilo, situación que —según dijo— evidencia márgenes de ganancia que considera irregulares.
Rivero también expresó preocupación por posibles conflictos de interés dentro de las operaciones. Indicó que, durante la inspección, un coronel le informó que la granja proveedora pertenecía a su hermano, hecho que la parlamentaria considera incompatible con el uso de recursos estatales para actividades comerciales vinculadas a familiares de miembros de las Fuerzas Armadas.
Otro de los aspectos denunciados por la legisladora tiene relación con presuntas irregularidades administrativas en el manejo de recursos. Según relató, no encontró facturas oficiales por la compra de combustible y observó el uso de simples recibos para registrar montos elevados de dinero.
Como ejemplo, mencionó un recibo por 119.000 bolivianos —100.000 entregados en efectivo y 19.000 mediante QR— que, según su denuncia, fue recibido por un coronel de apellido Lima, quien además habría cumplido simultáneamente funciones de piloto, recaudador y encargado de la entrega de la carga.
Rivero cuestionó además que la FAB solicite mayores recursos para combustible argumentando fines humanitarios, mientras —aseguró— se cobra a privados por el uso de aeronaves militares sin que ello se traduzca en alimentos a precios accesibles para la población.
Ante estas sospechas, la diputada informó que presentó una Petición de Informe Escrito (PIE) al Ministerio de Defensa para esclarecer la legalidad de los vuelos, el destino de los recursos recaudados y los criterios bajo los cuales se autoriza el uso de aviones militares en este tipo de operaciones.
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