La Paz, 22 de septiembre (ANF).- Corregidores del Territorio Indígena Multiétnico (TIM-1) pidieron este sábado al ministro de Gobierno, Carlos Romero, interceder por la defensa de su territorio que actualmente es ocupada por colonos que cometen abusos contra los comunarios y explotan madera.
La reunión con el ministro de Gobierno en la comunidad Santa Rosa del Apere, cerca de San Ignacio de Mojos,
inició luego del fracaso, una vez más, con funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
“En nuestro territorio, en esas exconcesiones, en este momento están siendo deforestadas, y lo más preocupante es que nuestros compañeros de allá viven explotados, cuánto le pagan por un día de trabajo, una botella de trago, eso no es justo, y por eso nosotros estamos preocupados por nuestro territorio”, expresó Bernardo Muiba, presidente del Territorio Indígena Multiétnico (TIM-1).
Dijo que en lo que va del año ya se han desarrollado 10 reuniones con el INRA, departamental y nacional, sin resultados concretos. “Ellos salen con ciertos argumentos, hoy hay reunión, mañana hay otra, hoy tienen un argumento, y mañana otro; hacemos acuerdos señor ministro y hasta ahora no se ha cumplido”, denunció.
Por eso, agregó, “nosotros pedimos que usted pueda intervenir y solucionar esta demanda del territorio”.
Muiba indicó que de acuerdo al Decreto Supremo 22611, se les “reconoce el derecho de propiedad, colectiva e individual, a favor de los miembros de las poblaciones en cuestión sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por ellos”.
En su artículo primero, el Decreto Supremo declara a la región de Chimanes como área indígena, constituyendo el espacio socio-económico “para la sobrevivencia y desarrollo de las comunidades y asentamientos indígenas Chimanes, Mojeños, Yuracarés y Movimas que lo habitan”.
Indica que para fines del Decreto Supremo, “la región de Chimanes comprende la superficie de la ex-Reserva de Inmovilización Chimanes más las superficies adicionales consideradas en las poligonales propuestas por la Comisión Técnica socio-económica del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios en 1989”.
Denunciaron que por un error del INRA las tierras no pasaron a sus legítimos dueños y éste los entregó a colonos que ahora exploran parte del lugar y causan sufrimiento en los comunarios.
