La Paz, 31 de octubre de 2022 (ANF).- Organizaciones de la sociedad civil, plataformas, colectivos, investigadores, científicos comprometidos con la defensa de todas las formas de vida, los derechos constitucionales de la Madre Tierra y de los Pueblos Indígenas, emitieron un pronunciamiento nacional donde exigen al Presidente del Estado, Luis Arce, anular el acuerdo firmado con instituciones del Gobierno y las cooperativas mineras auríferas del norte de La Paz para la explotación de oro en áreas protegidas; además, piden la renuncia de dos autoridades.
“Exigir la anulación inmediata del acta y acuerdos del 27 de octubre del 2022 entre Fecoman, Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) para ingresar a destruir las APs Madidi, Cotapata y Apolobamba”, señala el documento.
El 27 de octubre se dio a conocer que, luego de haber paralizado la ciudad de La Paz por dos días, el Gobierno y los representantes de los cooperativistas mineros auríferos firmaron un acuerdo que establece un impuesto de 4,8%, aplicable sobre el valor bruto de venta de oro.
En ese acuerdo también hubo otros puntos, entre ellos está la firma de Sernap que da luz verde a las cooperativas mineras auríferas para que puedan extraer oro en tres áreas protegidas de carácter nacional.
“Se dará inicio a los Planes de Manejo del Parque Nacional de Área de Manejo Integrado (PN ANMI Madidi), del PN ANMI Cotapata y de Apolobamba, según corresponda, cumpliendo todos los procedimientos y plazos establecidos en las disposiciones legales vigentes. Las mismas serán a petición de las comunidades de las áreas protegidas”, señala el acuerdo.
El reclamo de las organizaciones civiles hace énfasis en la contaminación por parte de los mineros sobre el Lago Titicaca, la cuenca del Río Katari, las cuencas del Río Mamoré, Iténez y varios ríos de la cuenca del Plata que presentan altas concentraciones de mercurio.
Además, advierten que el negocio del comercio de mercurio, la minería legal, ilegal y artesanal van adquiriendo características que son muy propias del crimen organizado, con complicidad de autoridades.
El pronunciamiento resalta que la entonces directora de la Autoridad Jurisdiccional Minera (AJAM), Brenda Lafuente, y el director del Sernap, Teodoro Mamani, firmaron un acta de reunión el 13 de septiembre de 2021 junto a dirigentes mineros donde se comprometieron a viabilizar 93 trámites de áreas mineras en las tres áreas protegidas: 12 en el Madidi, 68 en Apolobamba y 13 en Cotapata.
“Exigimos la destitución inmediata de Mamani y Magín Herrera López, viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y de Gestión y Desarrollo Forestal, por haber cumplido flagrantemente sus funciones para defender las áreas protegidas en el país”, señala la nota.
Los colectivos advierten que, de no darse estás exigencias, iniciarán movilizaciones permanentes en coordinación con los pueblos indígenas, comunidades y ciudades afectadas.
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