La Paz, 8 de diciembre (ANF).- La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDHLP) culpó al gobierno de Evo Morales por el sorpresivo congelamiento de las cuentas del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB).
“El gobierno de Evo Morales congela las cuentas del CEDIB vulnerando el derecho al trabajo y a un salario a sus dependientes, y conculcando su aporte intelectual y su trabajo de defensoras y defensores de derechos humanos de Bolivia”, expresó APDHLP, mediante su cuenta de Twitter.
Mientras el académico uruguayo dedicado al tema ambiental, Eduardo Gudynas, sostuvo en un primer mensaje en su red social que el “hostigamiento está de regreso”.
“Bolivia: ¿cómo explicar el hostigamiento a ONG @cedib_com ? Ministro de Autonomía que no quiere autonomías, un rector que no quiere un centro documentación... y así sucesivamente. Interminable. #AguanteCEDIB”, agregó Gudynas.
La información sobre el congelamiento de cuentas de CEDIB se conoció inicialmente a través de una denuncia de su director ejecutivo, Marco Antonio Gandarillas, quien dijo a ANF que el día martes 28 de de noviembre la institución fue sorprendida cuando fue impedida de realizar transacciones bancarias.
“Al consultar al respecto a nuestro banco, éste nos informó que nuestras cuentas fueron congeladas por orden judicial a requerimiento de ASFI”, afirmó.
La ASFI confirmó anoche sobre la retención de fondos del CEDIB, en mérito a una orden judicial.
En una respuesta escrita a las consultas de ANF, la ASFI señaló que en el marco de lo previsto en el artículo primero de la sección dos del Reglamento para la Retención, Suspensión de Retención y Remisión de Fondos, “se limita a transmitir las órdenes de retención de fondos al sistema financiero regulado, siendo responsabilidad de las autoridades judiciales, fiscales o administrativas, el contenido de dichas instrucciones y sus efectos jurídicos”.
La ASFI indicó que la retención es una orden impartida por una autoridad competente en la que se dispone de manera expresa la inmovilización de los fondos que una persona natural o jurídica mantiene en las entidades supervisadas, de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente. Sin embargo no explicó el tenor de la orden judicial.
Gandarillas consideró que este hecho no es casual porque formaría parte de un sistemático ataque al CEDIB promovido desde el Ejecutivo, y dejó en claro que la entidad sin fines de lucro no fue notificada oficialmente sobre la referida orden judicial.
CEDIB remarcó que la medida afecta principalmente los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de esa institución. La mayor parte de los fondos inmovilizados (alrededor del 83%) corresponden a salarios y beneficios sociales de su equipo de trabajo.
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