La Paz, 28 de marzo (ANF).- El abogado de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Franco Albarracín, explicó este jueves que la Acción Urgente emitida por la organización mundial Amnistía Internacional en favor de los migrantes venezolanos en Bolivia es más que una llamada de atención al gobierno y equivale a una medida cautelar en favor de personas en riesgo.
“Cuando ellos hacen una Acción Urgente es una medida cautelar dirigida a una determina autoridad que está vulnerado derechos humanos, en este caso al ministro de Gobierno Carlos Romero, entonces esto significa que el gobierno tiene que parar de vulnerar derechos humanos de manera inmediata y precautelar los derechos de aquellas personas que se han visto afectadas”, refirió Albarracín.
La víspera
Amnistía Internacional activó el recurso de Acción Urgente contra el ministro de Gobierno por los atropellos cometidos el 17 marzo por la policía y los oficiales de inmigración contra 14 refugiados venezolanos (tres mujeres y 11 hombres), a quienes detuvieron de forma arbitraria por haber participado en una manifestación pacífica contra las violaciones de derechos humanos en Venezuela el 15 de marzo.
Los oficiales los llevaron a la oficina de inmigración y los acusaron de “conspiración” y “actividades políticas a cambio de dinero", violando su derecho al debido proceso. Ese mismo día, seis de ellos fueron deportados arbitrariamente.
Los ocho restantes, que habían solicitado asilo, fueron liberados, pero cinco posteriormente huyeron al Perú por temor a nuevas persecuciones.
La Acción Urgente conlleva la movilización de los miles de simpatizantes de Amnistía Internacional en el mundo que forman la Red de Acciones Urgentes, que escriben de inmediato a la autoridad para impedir que alguien sufra tortura u otros malos tratos, para conseguir la liberación de alguien o incluso para salvar la vida de alguien.
“Es más que una llamada de atención, la llamada de atención se la hizo el viernes cuando la directora de Las Américas vía Twitter le escribió al ministro Romero indicándole que pare de vulnerar los derechos humanos”, señaló Albarracín.
Si el gobierno no hace caso a la acción de Amnistía Internacional, agregó el jurista, sería una actitud muy grave, y “en ese momento Amnistía comienza a activar otro tipo de mecanismos que son más coercitivos para el Estado, vía Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otras”.
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