Tras el hecho, se envió a un contingente policial de 50 uniformados para evitar más enfrentamientos entre mineros, además se informó que al momento existe calma en esa región.
La abogada de la cooperativa Gran Poder Uno, María Elena Fernández, confirmó que el conflicto data de hace tres años, pero se agudizó desde diciembre del pasado año cuando avasallaron el campamento de arroyo San José.
La Procuraduría señaló que están actuando de forma oportuna en las denuncias de posibles hechos de corrupción que presuntamente se registraron en la anterior gestión.
La jurista dijo que la Policía Boliviana carece de liderazgo porque, pese a estar dirigida por el comandante nacional Álvaro Álvarez, no tiene un rumbo en las investigaciones ni los casos que maneja.
De acuerdo al reporte preliminar de la Unidad de Tránsito de la Policía, se presume que el camión invadió carril y colisionó con el motorizado que se encontraba con tres pasajeros.
La esposa del fallecido contó que un grupo de hombres armados con dinamitas y escopetas los emboscaron, comenzaron a disparar y a golpear a las personas que estaban en el campamento.
El fiscal dejó que el Juez Anticorrupción Penal de turno de La Paz determine la situación del investigado, alegando que la Fiscalía ni la Policía pueden dejar en libertad a una persona aprehendida.
La criminóloga Gabriela Reyes dijo que en los últimos años se ha registrado varios casos donde policías se ven implicados en estos ilícitos, advirtió un alto índice de impunidad.
La jornada pasada, un miembro de la Policía fue sorprendido transportando en un vehículo particular 54 paquetes de cocaína sobre la carretera La Paz- Oruro con destino a Chile.
El sujeto se abstuvo a declarar y se espera que el juez determine hora y día para la audiencia de medidas cautelares, entre tanto, la sustancia fue trasladado hasta dependencias de la FELCN.
El gobierno de Luis Arce retrocedió y abrogó el Decreto Supremo 5143 ante la amenaza de movilizaciones de los gremiales del país y el rechazo de parlamentarios.
Ley de la Coca, aprobada en 2017 bajo el gobierno de Evo Morales, elevó en 83% la extensión de las zonas autorizadas para el cultivo de la hoja de coca, pasando de 12.000 a 22.000 hectáreas.
Loma espera que el Ministerio Público presente una imputación contra la exautoridad por el delito de falsedad en declaración jurada de bienes y rentas, además que solicitarán que se amplíe por legitimación de ganancias ilícitas.
