La Paz, 27 de agosto de 2025 (ANF).- La ministra de Justicia y Transparencia Institucional, Jessica Saravia, confirmó este miércoles que el Gobierno presentó apelaciones contra las resoluciones judiciales que otorgaron detención domiciliaria a Luis Fernando Camacho, libertad plena a Marco Pumari y liberación de Jeanine Añez en el marco de los procesos por la crisis de 2019.
La autoridad cuestionó que las decisiones judiciales favorezcan a los principales acusados por la crisis política y social de 2019, calificándolas como un retroceso en la búsqueda de justicia para las víctimas de los hechos de violencia. Según Saravia, el Ejecutivo considera que los fallos no cumplen con el principio de igualdad ante la ley y generan un “mensaje de impunidad” frente a delitos que aún están en investigación.
“El Estado lo que hizo es accionar conforme a lo establecido en la ley, a través de apelaciones, considerando fundamentos de la apelación. Nosotros, respetuosos de las disposiciones judiciales, esperamos los resultados de esa apelación y, en su caso de corresponder, realizaremos o analizaremos cuál las acciones que debemos seguir”, declaró Saravia al canal estatal.
Desde el oficialismo, el presidente Luis Arce, el expresidente Evo Morales, el exministro Eduardo del Castillo y el titular del Senado Andrónico Rodríguez coincidieron en cuestionar las decisiones judiciales y cerraron filas contra lo que consideran un favorecimiento político a los acusados. Morales denunció un “doble rasero” en la justicia, mientras Del Castillo recordó a las víctimas de Sacaba y Senkata.
Saravia también negó que en el país existan “presos políticos” y aseguró que en Bolivia se respeta el derecho al debido proceso, prueba de ello -dijo- es que la defensa de Camacho en el caso golpe I presentó un recurso constitucional lo que frenó el avance del proceso.
Dijo que los procesos emergieron de los informes internacionales sobre los hechos en Sacaba y Senkata en la gestión 2019, luego que Morales renunció al cargo y salió del país hacia México, sin que la Asamblea Legislativa Plurinacional acepte su dimisión.
Los organismos internacionales también han observado el uso desproporcional de la detención preventiva y han cuestionado que se use como una condena anticipada. En los casos de Añez, Camacho y Pumari, a petición del Ministerio Público les ampliaron sus detenciones preventivas de manera reiterada, o en su caso les abrían otro proceso para mantenerlos en las cárceles.
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