La Paz, 17 de julio del 2026 (ANF).- La fiscal Alejandra Rocha, especializada en Trata y Tráfico de Personas, sostuvo que los contratos firmados por ciudadanos bolivianos para viajar a Rusia y participar en el conflicto bélico con Ucrania no pueden considerarse válidos, ya que el consentimiento de las víctimas habría estado viciado por el engaño, un medio comisivo dentro del delito de trata y tráfico de personas.
Esta semana se conocieron varios casos de bolivianos que fueron captados para ir a defender los intereses de Rusia en la invasión que realiza a Ucrania. Algunos familiares denunciaron que sus seres queridos murieron en combate.
La fiscal explicó en Radio Fides que la investigación apunta a establecer la existencia del delito de trata de personas con fines de reclutamiento y participación en conflictos bélicos.
“El hecho de que ellos hayan inicialmente aceptado una aparente oferta laboral legítima, no implica que se descarte un delito de manera inmediata. Al contrario, conforme han declarado los familiares de las víctimas, el común denominador es captar estas personas, ofrecerles ciertas condiciones de trabajo, pero ya en el lugar todo eso cambia. Entonces, automáticamente sí podemos entender de que sí existe un engaño y este es un elemento del tipo penal de trata de personas”, explicó Rocha.
La autoridad del Ministerio Público recordó que el delito de trata de personas comprende la captación, traslado, transporte o acogida de personas con fines de explotación, utilizando medios como el engaño, el abuso de poder o el aprovechamiento del estado de necesidad y vulnerabilidad de las víctimas.
Respecto a los contratos suscritos, la fiscal consideró que estos carecerían de validez jurídica porque fueron redactados en un idioma distinto al español, lo que habría impedido que las víctimas comprendieran plenamente su contenido.
“No se puede pretender legalizar un documento que en primer lugar estuvo redactado en otro idioma. Entonces, no era de total conocimiento de las víctimas, eso sí lo van a arrojar las investigaciones, pero de manera preliminar vemos que hay un engaño. De ninguna manera este contrato podría considerarse válido, porque hay un consentimiento que está viciado”, aseguró.
Rocha resaltó que la legislación reconoce como víctimas no sólo a las personas directamente afectadas, sino también a sus familiares, quienes en este tipo de casos suelen ser objeto de amenazas o amedrentamientos.
La Fiscalía también busca establecer el paradero y la situación de los bolivianos que permanecen en territorio ruso, además de gestionar, de ser necesario, su eventual repatriación.
La representante del Ministerio Público informó que actualmente existen tres investigaciones abiertas relacionadas con este caso y hasta la medianoche de ayer sumaron cuatro las personas que ahora están en calidad de aprehendidas por su presunta participación en la captación de bolivianos para enviarlos a Rusia.
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