La Paz, 9 de octubre de 2025 (ANF).- La orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público contra Armin Dorgathen, titular de YPFB, generó una fuerte ola de reacciones en distintos frentes políticos y sociales del país. La medida, relacionada con presuntos delitos vinculados al contrabando de combustible, abrió un nuevo frente de tensión entre el Gobierno, la oposición y los sectores cívicos.
El vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, criticó duramente la acción judicial y cuestionó el momento en que se realiza. “Faltando 10 días para que se vayan, están empezando con las denuncias”, declaró.
Zambrana pidió al Gobierno “dejar de joder” y aseguró que el país necesita recuperar lo robado. Sugirió además que el Ejecutivo debería quedar “congelado” hasta que concluya el proceso electoral, pues, según su criterio, estas medidas buscan “blindar a los salientes” ante futuras investigaciones.
El senador electo por alianza Libre, Branko Marinkovic, también se refirió al caso, recordó que días atrás Dorgathen había advertido sobre la falta de recursos para la compra de combustibles. “Hace días decía que no había plata. Hoy tiene orden de aprehensión por contrabando”, señaló.
Marinkovic acusó al oficialismo de enriquecerse “mientras los bolivianos hacen fila para cargar gasolina”, y sostuvo que el país enfrenta una crisis ética que demanda un “cambio radical”, más allá de lo electoral.
Por su parte, el candidato presidencial por la alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, interpretó la orden de aprehensión como una maniobra política interna del masismo. “Ahora se echan la culpa entre ellos, se hacen denuncias y emiten órdenes de aprehensión. Estamos viendo una persecución política abierta”, afirmó durante un acto de campaña en El Alto.
El exmandatario advirtió que estas acciones podrían “boicotear las elecciones” y restar transparencia al proceso de segunda vuelta, previsto para el 19 de octubre.
Desde el oficialismo también hubo críticas, aunque en otra dirección. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, calificó la orden de aprehensión como “un exceso” y alertó sobre una “cacería de brujas” dentro del sistema judicial. “Una parte de la justicia ya está haciendo una cacería de brujas, hay que decirlo con claridad”, afirmó.
El ministro recordó que Dorgathen tiene domicilio y trabajo conocido, por lo que no existía riesgo de fuga ni necesidad de una medida tan drástica.
La orden de aprehensión contra Dorgathen se emitió el jueves por la tarde, en medio de una creciente escasez de combustibles y denuncias de irregularidades en el sector hidrocarburífero.
El caso, además de tener implicaciones penales, se inserta en un clima político tenso, donde la oposición denuncia “maniobras de distracción” y el oficialismo apunta a un uso político de la justicia.
A solo diez días del balotaje presidencial, la situación de YPFB se complica con la orden de aprehensión contra su presidente a denuncia de la Aduana Nacional. Fue denunciado por contrabando agravado.
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