La Paz, 15 de octubre de 2025 (ANF).- La abogada e investigadora Luisa Chipana advirtió que el hacinamiento, la corrupción y el libre acceso a drogas dentro de los penales bolivianos están bloqueando cualquier posibilidad de rehabilitación y reinserción social de los jóvenes privados de libertad. Según su análisis, la crisis carcelaria tiene raíces estructurales en un sistema judicial ineficiente y punitivo que reproduce la exclusión social en lugar de corregirla.
Chipana señaló que el consumo y tráfico de drogas dentro de las cárceles es un problema “rampante y tolerado” por las propias condiciones de corrupción interna. “En prisiones como San Pedro, la droga hay bastante. Los jovencitos, especialmente los que vienen de provincias, son captados fácilmente y se les ofrece a menor costo”, explicó.
Agregó que muchos jóvenes sin recursos se ven obligados a trabajar para otros privados de libertad a cambio de sustancias, lo que profundiza su dependencia y los expone a abusos.
La especialista remarcó que el consumo dentro de prisión no solo agrava la adicción, sino que aumenta los riesgos de violencia y de recaídas futuras. “Una persona en adicción está enferma. Si se encuentra en un ambiente donde es fácil conseguir droga, puede recaer. A eso se suma la depresión penitenciaria, que puede derivar en delitos o incluso en actos contra la propia vida”, señaló Chipana.
Otro de los factores críticos que impide la rehabilitación es el hacinamiento. “Es la mayor vulneración dentro del sistema penitenciario. Donde hay hacinamiento, no hay programas efectivos de reinserción ni condiciones para la educación o la salud”, sostuvo. A ello se suma la falta de clasificación adecuada: los jóvenes comparten espacios con adultos peligrosos, miembros de organizaciones criminales o reincidentes, lo que los expone a ser cooptados o a aprender nuevas formas de delinquir.
Chipana también atribuyó esta situación al colapso del sistema judicial. Dijo que aproximadamente el 60% de los privados de libertad está con detención preventiva. “Si se aplicaran medidas alternativas, como los brazaletes electrónicos, podríamos reducir el hacinamiento y enfocar los recursos en la rehabilitación”, enfatizó.
Además, la investigadora planteó que la reinserción juvenil debe ser integral y ajustada al mercado laboral actual. “El desarrollo emocional y de valores continúa hasta los 28 años. Sin acceso a tecnología, los jóvenes se convierten en analfabetos digitales, sin posibilidades reales de competir laboralmente cuando recuperan la libertad”, advirtió.
Chipana propone fortalecer los espacios educativos, deportivos y culturales en los recintos penitenciarios. “Los jóvenes tienen mucha energía. Debe haber teatro, pintura, baile, religión, deportes. Esas actividades les ayudan a construir identidad, autoestima y arraigo social”, explicó.
Además, subrayó la necesidad de garantizar educación sexual y acceso gratuito a métodos anticonceptivos, especialmente ante las visitas conyugales que pueden derivar en embarazos dentro del penal.
La abogada instó a revisar la Ley 1008 sobre sustancias controladas, que “no distingue entre consumidores y narcotraficantes”. A su juicio, las cárceles están llenas de “mulas” y jóvenes pobres, mientras los grandes traficantes permanecen impunes.
“Cualquier reforma penitenciaria debe centrarse en los derechos humanos, el enfoque de género y de edad. Solo así se podrá hablar de verdadera reinserción social”, concluyó.
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