Denuncian que Gobernador, policías y delegados mantienen extorsiones en cárcel de San Pedro

Este medio intentó conocer la versión del director de Régimen Penitenciario de La Paz, Rodolfo Franz Laura, pero no contestó a las llamadas ni a los mensajes.

El martes, la activista de Mujeres Creando, María Galindo, denunció que, de acuerdo con un testimonio de un privado de libertad de San Pedro, este penal está controlado por “treintones” (sentenciados a 30 años) y/o feminicidas, quienes realizan los cobros y las extorsiones para luego usar el dinero en pagos a los jueces de sus causas para recibir beneficios y que esta situación se hace en complicidad del gobernador del penal, José Luis Morales del Castillo.

Las recientes denuncias a las que tuvo acceso ANF salieron de la sección Chonchocorito donde el interno Henry Roncal Limachi Silva, acusado de violación, junto a su directiva y sus disciplinas Marco Espejo Cruz y Gregorio Casichañurco, tomaron el control de la sección para exigir a los nuevos internos acusados de violación, feminicidio y otros el pago de 3.500 bolivianos y a los recién ingresados por la falta de pago de asistencia familiar, 1.500 bolivianos.

Este accionar se hace con la participación de la Gobernación del penal compuesto por efectivos de la policía, según las denuncias de los internos. “De la misma gobernación del penal, le pasan el número del delgado (de Chonchocorito) a los familiares de las personas que están en celdas judiciales”, señala un denunciante. Los internos reconocen al suboficial Fuentes en este proceso, que es el secretario general del gobernador de la cárcel.

“Los familiares lo llaman al delegado y él les pregunta de qué caso es y luego da el precio”, señala el denunciante.

También identifican al sargento Ivar Quispe que es quien destina a los internos a las secciones cuando llegan al penal. Él hace la afiliación de los nuevos internos en la gobernación.

La extorsión que realiza el delegado Limachi es dividida con los policías: desde el coronel hasta el último policía se benefician, según las denuncias.

Por ejemplo, de los 3.500 bolivianos que se cobran, 2.500 va para la gobernación y para los policías de las puertas, los restantes 1.000 quedan para el delegado.

Cada día, a las 15.30 aproximadamente, los disciplinas los hacen llamar a los internos por asistencia familiar y les exigen que paguen en 24 horas su “derecho de piso”.

Los que no pueden pagar son golpeados en la oficina de la directiva de la sección. Muchos salen cojeando por los golpes recibidos, otros son obligados a llamar a sus familiares para que hagan el pago. A los que son del área rural les exigen que sus familiares hagan el depósito por Tigo Money, al número de un interno que tiene su negocio en San Pedro.

El pago lo deben realizar incluso por permanecer algunas horas en San Pedro, como es el caso de los detenidos por impago de asistencia familiar.

“Quienes no lograron pagar todo por el ingreso a la sección Chonchocorito, son los que sufren las torturas, les obligan a llamar a sus familiares, a sus amigos, los empiezan a golpear, a echar con agua, los colocan al trípode, los golpean en el cuerpo, menos en la cara para no dejar rastro, pero deben pagar sí o sí”.

El suboficial Fuentes, secretario del gobernador, juega un rol muy activo en este proceso. Cada día a las 16.00 en punto averigua qué internos ya tienen su orden de libertad emanada de los juzgados para verificar si pagaron o no antes de irse, e informa al delegado. “Los disciplinas obligan a los internos que ya tienen su orden de libertad a llamar a sus familiares, diciéndoles que si no pagan el monto completo no podrán salir”. En la cárcel ellos tienen más poder que el propio juez.

El coronel José Luis Morales del Castillo, ocupa por segunda ocasión el cargo de gobernador de San Pedro, y los internos lo califican de corrupto. “Solo le interesa el dinero y no le importa lo que pase con los privados de libertad y las torturas que les aplican”.

Las denuncias de los abusos fueron puestas en conocimiento de los profesionales de otras áreas del penal y del propio director de Régimen Penitenciario de La Paz, Franz Laura, sin embargo, la situación persiste. Pese a tener conocimiento, solo miran de lejos los abusos.

“Hay mucha tortura, discriminación por parte del delegado, la gente tiene miedo, a quienes reclaman los amenazan con trasladarlos a población, donde existe mayor inseguridad, como ya ha ocurrido con varios internos, pero hasta el momento ninguna autoridad hace nada”, lamentan.

Las denuncias llegaron incluso a la propia Defensoría del Pueblo mediante el Mecanismo de Prevención de la Tortura, sin embargo, el silencio continúa y el delegado afianza su régimen de extorsión y violencia.

A este accionar se suma el consumo caso diario de alcohol y droga, que se vende todos los días con conocimiento del gobernador del penal, aseguran.

“Hace mucho abuso de poder, todo se salió de control, hay mucha droga, alcohol, cobros”, reiteran. 

“Quienes reclaman son cambiados a población y de todo esto sabe el coronel, los hace con agresiones verbales, con amenazas de muerte, no hay seguridad ni garantía, a los nuevos que vienen”, remarcan.

También se hace un cobro mensual por dormir en los espacios comunes, otro por el uso de la ducha, otros por usar el horno, la carne que debería ser gratis como parte de su ración también es cobrada. Son algunos cobros que exige el delegado Limachi.

“Hemos pedido la intervención de Derechos Humanos, vino el Sepret (hoy Mecanismo contra la Tortura) y no pasó nada”, aseguraron.

La pandemia empobreció mucho más a los internos, pero pese a eso los cobros persisten y son los familiares quienes pese a su precaria situación quienes tienen que endeudarse para conseguir el dinero.

“¿Estamos en pandemia, de dónde sacamos dinero nosotros? nuestros familiares vienen apenas y para ellos (delegados y policías) tienen que dar dinero”, lamentó uno de los entrevistados.

Por día ingresan a Chonchocorito de 5 a 10 internos y todos son extorsionados y deben pagar su “derecho de piso” que solo beneficia al coronel, a los policías y al delegado, en el plazo de 24 horas.

Toda esta situación la conoce el Consejo de Delegados, Trabajo Social, el director Franz Laura, el Mecanismo de Prevención de la Tortura, pero mantienen silencio. Pero si llegan las amenazas.

Según las denuncias, el propio suboficial Quispe convocó uno a uno a los internos que presentaron sus quejas, y en lugar de hacer algo contra las extorsiones y maltratos les exigió “no hacer incitación” y les amenazó con traslado a población.

“El delegado Limachi tiene muchas denuncias en Gobernación, pero el coronel las hace desaparecer, con tal de que el delegado entregue dinero, lo han denunciado al delegado por cobros, extorsión, tortura, pero solo le dicen ‘qué pasó con tus disciplinas’ y todo queda arreglado con dinero”, acotó otro interno.