La Paz, 30 de septiembre de 2025 (ANF).- El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó este martes la “Alerta Temprana sobre la situación de cárceles en Bolivia”, en la que advirtió que el uso desproporcionado de la detención preventiva es el “componente madre” de la crisis penitenciaria, que actualmente afecta a más de 33.000 personas privadas de libertad en el país.
De acuerdo con el documento, a julio de 2025 el sistema penitenciario registra un hacinamiento superior al 105% a nivel nacional, lo que vulnera de manera sistemática los derechos humanos de las personas privadas de libertad (PPL).
“La sobrepoblación impide garantizar condiciones mínimas de dignidad, seguridad y acceso a servicios básicos, generando un entorno inhumano e insostenible”, señaló Callisaya. Añadió que la detención preventiva, que alcanza a más del 60% de los reclusos, es la principal causa de este colapso.
También mencionó el instructivo del Tribunal Supremo de Justicia, emitido en agosto de 2025 para revisar detenciones preventivas, que solo alcanzó a 200 casos, lo que representa apenas el 1,03% del universo total. A ello se suma el proyecto de ley de manillas electrónicas, pensado para reducir la población en detención preventiva, que fue anulado por el Tribunal Constitucional y se mantiene en un estado “indeterminado”.
“El resultado básicamente es insuficiente. El uso desproporcionado de la detención preventiva es el componente madre de esta crisis, que deriva en sobrepoblación, debilitamiento de la seguridad penitenciaria y hechos de violencia al interior de los penales”, sostuvo el Defensor.
La Defensoría documentó casos críticos: el penal de San Pablo de Quillacollo (capacidad para 110 personas) actualmente alberga 674 internos, con un hacinamiento del 513%. En el penal de San Sebastián de Cochabamba, con capacidad para 250, existen 1.115 reclusos (346% de hacinamiento). En Palmasola (Santa Cruz) se reporta un 205% de hacinamiento y en San Pedro (Oruro) un 243%. Esta situación, advirtió Callisaya, se refleja en el debilitamiento de la seguridad penitenciaria, con 15 muertes violentas registradas en lo que va del año.
Ante este panorama, la Defensoría exhortó al Estado a asumir cinco medidas urgentes:
Finalmente, Callisaya subrayó que el colapso penitenciario está estrechamente vinculado a la seguridad ciudadana, por lo que instó a que las instituciones del Estado actúen con celeridad para evitar que la crisis se profundice.
Infografía Defensoría del Pueblo
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