La Paz, 30 de diciembre (ANF).- El Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, denunció que el Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana obstruyen las investigaciones al iniciar una persecución en contra del sargento Rubén Q. P., chófer del exviceministro, Rodolfo Illanes, quien reveló que los uniformados utilizaron armas letales contra los mineros en la localidad de Panduro, el 2016.
El 18 de diciembre la Defensoría del Pueblo envió una carta al Ministerio de Gobierno que recibió la nota tres días después, en la que advierte sobre la obstrucción a las investigaciones del Ministerio Público en el caso del conflicto entre Gobierno central y cooperativistas el que dejó seis muertos.
El proceso disciplinario contra el chofer de Illanes “denota el incumplimiento de la recomendación defensorial señalada anteriormente, en tal sentido se obstruye o limita las investigaciones del Ministerio Público dentro del proceso signado con respecto a los hechos acaecidos el 25 de agosto de 2016; lo cual se constituye en la vulneración de los derechos y garantías constitucionales de las víctimas, testigos e imputados", refiere la carta a la que tuvo acceso ANF.
El 2016 los cooperativistas mineros se movilizaron exigiendo a las autoridades la atención a sus demandas sectoriales, al no ser escuchados y en un momento de tensión los mineros tomaron como rehén al exviceministro Illanes y luego lo asesinaron.
Durante ese conflicto murieron cinco mineros, cuatro de ellos por impacto de bala. Por esos hechos el que fuera chofer de Illanes declaró en la Fiscalía donde revelo que un grupo de policías uso armas letales ese 25 de agosto.
Tras las declaraciones del chofer, el Ministerio de Gobierno pidió a la Policía, en octubre de este año, que inicie un proceso disciplinario al sargento Rubén Q. P., la Policía dio curso al pedido y lo acusó por incurrir en faltas graves, entre ellas faltar a la verdad e incumplir disposiciones reglamentarias. Recientemente el fiscal policial amplió las investigaciones contra el uniformado por alterar de forma dolosa información policial.
Para Tezanos Pinto este accionar del Ministerio de Gobierno y de la Policía vulnera los derechos del sargento e infringe las recomendaciones que dio a ambas instituciones en 2016 donde se pidió a la institución policial no perseguir a los testigos, imputados y víctimas del caso Illanes.
Recordó que hizo esta recomendación porque, en ese entonces, en un informe la Defensoría del Pueblo concluyó que durante el conflicto de los cooperativistas mineros se vulneraron los derechos humanos de los mineros con la intervención policial e incluso identificó a siete policías que usaron armas.
“Recomendar al Ministerio de Gobierno y a la Policía Boliviana, adoptar las medidas necesarias para evitar represalias psicológicas, físicas, morales, académicas, laborales, administrativas o de cualquier otra índole, directas o indirectas, así como cualquier sanción que vulnere derechos de las personas que colaboraron, colaborarán o colaboren en las investigación de los hechos acaecidos los días 11, 12, 23, 24 y 25 de agosto de 2016”, remarca la Defensoría del Pueblo.
Tezanos Pinto exhortó al Ministerio de Gobierno y a la Policía cumplir con estas recomendaciones y en esa línea definir lo que corresponda respecto al proceso abierto contra el sargento.
Caso Illanes
Por el asesinato del exviceministro Illanes la Policía detuvo a varios mineros y la Fiscalía acusó formalmente a 16, tres de ellos prófugos, además a un abogado para que respondan en un juicio por los delitos de asesinato, entre otros.
Hasta la fecha la autoridad jurisdiccional no inició el juicio oral. En agosto de 2019 se cumplirán tres años del hecho.
Muerte de cooperativistas
Durante las jornadas de violencia entre la Policía y los cooperativistas murieron: Fermín Mamani, Severino Ichota, Rubén Aparaya, Pedro Mamani y Freddy Ambrosio, este último murió por la mala manipulación de dinamita, mientras los demás por impacto de bala durante el enfrentamiento.
Estas muertes no han sido esclarecidas por la Fiscalía. No existen detenidos, ni fecha de conclusión de las investigaciones, pese a que hay un informe del Defensor del Pueblo y declaración de policías que refieren que los uniformados usaron armas letales en contra de los mineros.
Policías procesados
El excomandante de la Policía Boliviana, general Rino Salazar, el excomandante departamental de la Policía, coronel José Luis Aranibar y el chofer de Illanes, sargento Rubén Q. P., son procesados por los delitos de incumplimiento de deberes y denegación de auxilio.
Actualmente Aranibar cumple con detención domiciliaria, en cambio la audiencia de Salazar no se llevó a cabo hasta la fecha pese a que fue imputado en 2017, al igual que el chofer de Illanes.
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