La Paz, 24 de septiembre de 2025 (ANF). - Ante el incumplimiento de los planes para la Preservación del Cerro Rico de Potosí, la Sala Constitucional Primera de ese Departamento determinó el congelamiento de las cuentas bancarias del ministro de Minería, Alejandro Santos; y de las autoridades de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
“Al quedar constatado el incumplimiento de la SCP 1062/2022 de 19 de agosto de 2022, se dispone la notificación Corporación Minera de Bolivia (Comibol), de la ASFI a objeto de que se proceda al congelamiento de las cuentas bancarias de los accionados (Alejandro Santos Laura, ministro de Minería; Reynaldo Pardo Fernández, presidente ejecutivo interino de Comibol; e Iván Guillermo Fuentes Quispe, gerente regional de Comibol Potosí) hasta el cumplimiento de la sentencia constitucional”, señala la parte resolutiva.
En agosto de 2022, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la sentencia constitucional 1062/2022 que concedió tutela a la acción popular que presentó Comcipo, la Universidad Autónoma Tomás Frías, el Colegio de Abogados, el Colegio de Ingenieros y otras instituciones en contra de Comibol, Ministerio de Minería y la Empresa Minera Manquiri.
Al respecto, el presidente de Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Alberto Pérez, informó que esa resolución surgió ante el recurso de cumplimiento que presentaron hace más de un mes exigiendo que las autoridades del Ejecutivo cumplan con la sentencia anteriormente mencionada.
Asimismo, dijo que otra de las determinaciones fue otorgar un plazo de 31 días calendario para que los demandados acrediten las acciones que han realizado respecto a la estabilización del Cerro Rico, con el fin de preservar su estructura rocosa y la estabilidad del suelo.
“Este plazo corre para las instituciones, Ministerio de Minería, Comibol y el Ministerio de Culturas, no han cumplido con el dictamen de la sentencia ahora tienen el plazo de un mes para hacerlo. En un mes no podrán justificar todo lo que se ha destruido del cerro rico y ahí van a pagar las consecuencias.
Además, el fallo ratificó la migración inmediata de las empresas mineras que trabajan en el Cerro Rico. Al respecto, el dirigente cívico señaló que ese falló es el primer paso para la preservación de esa estructura rocosa que es emblema y patrimonio de la Villa Imperial.
Por otra parte, advirtió que el incumplimiento de esa determinación judicial derivará que se remitan los antecedentes al Ministerio Público para que se inicie una investigación penal contra las autoridades del Ejecutivo.
“Solo de esta manera hemos podido frenar que nuestro cerro no se desplome. Ahora debemos ver los mecanismos para hacer cumplir estas determinaciones. Si no cumplen o justifican las mejoras del Cerro Rico, deberán pagar un resarcimiento ante los daños ocasionados”, manifestó.
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