La Paz, 2 de agosto de 2025 (ANF). - La Sala Penal Tercera de La Paz revocó la detención preventiva del exministro de justicia César Siles y dispuso medidas sustitutivas sin salida laboral, es investigado por el caso consorcio que buscaba suspender del cargo a una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“Se trata de una apelación que se ha sustanciado en la Sala Penal Tercera. La vocal de la sala ha dispuesto la cesación a la detención. Ha impuesto detención domiciliaria sin derecho a salida laboral”, informó el abogado Alberto Morales a la red Unitel.
El 21 de junio, la Justicia determinó que el exministro Siles sea enviado a la cárcel de Patacamaya por cinco meses, pero no fue trasladado hasta ese recinto carcelario porque sufrió una descompensación y fue trasladado a un hospital privado donde permanece internado hasta el momento.
Otra de las disposiciones que deberá cumplir la exautoridad es el pago de una fianza de Bs 50.000, presentarse cada 15 días a la fiscalía para registrarse en el biométrico y no podrá salir del país.
Morales dijo que ese beneficio fue otorgado por el estado de salud de la exautoridad, ya que fue intervenido quirúrgicamente casi a finales de junio y debe permanecer en recuperación al menos 40 días.
El exministro fue vinculado en el caso luego que se difundió un audio de una conversación con el juez de Coroico Marcelo Lea Plaza, donde le ofrece protección y que no se abrirá ningún proceso en su contra por la resolución de acción de cumplimiento, para suspender a la magistrada titular del TSJ Fanny Coaquira y habilitar a su suplente Iván Campero.
Existen ocho personas procesadas por ese caso de las cuales solo Marcelo Lea Plaza se encuentra recluido en la cárcel de San Pedro, la exvocal Claudia Castro que fue recluida por unos días en la cárcel de Obrajes también se descompensó y fue remitida a un hospital privado donde continúa internada.
El resto de los sindicados: Iván Campero, el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz Yván Córdova, el abogado José Uriarte y un funcionario del juzgado de Coroico se beneficiaron con medidas sustitutivas, además existe un prófugo, se trata de Antonio De la fuente, quien interpuso la acción de cumplimiento.
El fiscal del caso dijo que se investigan a otros dos vocales de salas civiles, Edgar Ordoñez y Érika Valdez quienes serían parte de la planificación de la acción de cumplimiento contra la magistrada.
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