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Seguridad

21 de junio de 2022 11:04

Caso Cafferata: "Todo el sistema judicial ha hecho un contubernio" para negarle justicia

La defensa sigue esperando una investigación prolija, “pero que nos la deniegan en Bolivia de manera sistemática, todo un sistema montado en la estructura del Órgano Judicial”.

Jaime Tapia Al centro, abogado Jaime Tapia. Foto: Cortesía
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La Paz, 21 de junio de 2022 (ANF).- Las irregularidades identificadas en el caso contra Renatto Cafferata incluyen que el Tribunal Quinto de Sentencia de Santa Cruz inició el juicio oral sin esperar la prueba de ADN que lo liberaba de culpa. Un policía perdió una mochila con pruebas. La Fiscalía se opuso a que la defensa presente evidencia de que Cafferata se encontraba en otro lugar cuando ocurrió el crimen de su enamorada. El juez inhabilitó a sus abogados y designó en su lugar a una abogada de oficio en la última etapa del juicio. El Tribunal lo sentenció a 30 años de cárcel sin derecho a indulto.

Por estas y otras anomalías, en 2016 una Sentencia Constitucional (0099/2016-S2) evidenció que el Tribunal Quinto vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa de Cafferata y pidió un nuevo juicio. Seis años después, ningún tribunal cumplió esta sentencia, pese a tener carácter inapelable. Y ningún tribunal tampoco tomó en cuenta la auditoría jurídica realizada al caso por el Consejo de la Magistratura en el que identifica más de 50 irregularidades en todo el proceso penal.

Desde un inicio el proceso fue marcado por la presión social que buscaba un culpable luego del asesinato por apuñalamiento de la enamorada, un hecho que consternó a la sociedad cruceña el 15 de enero de 2011. En ese escenario, la sentencia se hizo posible sin ninguna prueba científica que incrimine a Cafferata y solo con la versión de los acusadores. Uno de los fiscales del caso, Egüez Olvis, se encargó, según la denuncia de la familia de Cafferata, de dejar de lado la prueba de ADN debido a que, al llegar, en pleno juicio, no fue notificado a las partes ni tomado en cuenta en el proceso. Hoy Olvis, siendo miembro del Tribunal Supremo de Justicia, cuestionó la sentencia constitucional y respaldó la condena sin pruebas científicas.

“Todo el sistema judicial ha hecho un contubernio en contra de Renato Cafferata, y se ha hecho una sistemática defensa y estrategia para burlar los efectos de esa sentencia constitucional”, dijo a ANF el abogado Jaime Tapia.

El jurista indicó que en estos más de 10 años de proceso se activaron todos los recursos ordinarios que la ley franquea, como apelaciones y casación, y más allá de estos recursos se ejercitó una acción constitucional que concluyó con la Sentencia Constitucional (0099/2016-S2) que declara y “reconoce todas las violaciones al debido proceso” en este caso.

Sin embargo, en seis años la Sentencia Constitucional no fue cumplida, pese a que en siete veces diferentes salas declararon su incumplimiento. Tapia indicó que de manera totalmente incomprensible, se han dictado nuevos autos supremos denegando la prescripción del caso y denegando el recurso de casación, por lo que la defensa está “con la ejecución de una sentencia salida de un proceso que no ha existido y que no ha sido tal”.

La defensa sigue esperando una investigación prolija, “pero que nos la deniegan en Bolivia de manera sistemática, todo un sistema montado en la estructura del Órgano Judicial”.

Tapia aseveró que lamentablemente Renatto Cafferata “es una de las víctimas de este sistema, es una de las víctimas de esta manipulación a la justicia penal”.

“El problema del caso Cafferata es que se ha prescindido en absoluto de pruebas científicas y únicamente se han tomado testimonios circunstanciales de personas que curiosamente hacen afirmaciones idénticas entre sí, y con esos resultados investigativos han desechado las pruebas biológicas que es la prueba de ADN”, enfatizó Tapia.

Remarcó que el juicio oral se llevó a cabo en medio de una condena mediática y pública por la gravedad del hecho, es decir “el juicio inició con la consigna de condenar a Renatto Cafferata y evitarle un juicio justo”.

“Se le negó un proceso justo a partir de impedírsele su declaración en juicio en condiciones voluntarias y en condiciones de salud; se le privó en juicio su defensa al impedirle que se produzcan pruebas documentales que se pidieron vía informe del proceso penal; se le privó su derecho a la defensa cuando se le negó la convocatoria a testigos extraordinarios que en un juicio oral está permitido por ley; y finalmente se le privó de juicio cuando aprovechándose de la ausencia circunstancial de sus abogados se los suspenden y se lo sustituye por una defensa de oficio que no tenía en absoluto idea del caso”, enfatizó.

Gladys Centeno, madre de Cafferata, indicó que el entonces fiscal, Olvis Egüez Oliva, que era el encargado de revisar para ir a juicio oral, ignoró la falta de la prueba de ADN para el inicio del juicio. Y cuando llegó, ignoró que no se hizo la notificación a las partes. 
“La prueba de ADN era contundente en favor de Renatto, pero Egüez nos obstruyó”, dijo Centeno. La prueba de ADN al arma homicida (cuchillo) salió negativa a favor de Cafferata.

“Es por eso que la Fiscalía General no quiere entregar el Informe del Cuadernillo de Investigaciones, porque todo se descubriría con nombres y apellidos sobre quiénes son los gestores de esta aberración”, dijo Centeno.

El día de los hechos, 15 de enero de 2011, minutos antes del hecho fatal, Cafferata se encontraba en el Banco Sol con Oliver y Valeria, quienes declararon como testigos en el juicio oral, pero “definitivamente al fiscal ni al Tribunal Quinto les convenía que se constate ese hecho mediante las cámaras de vigilancia del Banco Sol, y por eso nunca lo permitió la Fiscalía, Olvis Egüez ni el Tribunal Quinto”, afirmó Centeno.

“Realmente el hecho de ser extranjero y peruano es un desafío, no es posible que sea tan difícil para un ser humano conseguir justicia, que no nos puedan permitir nada”, lamentó.

Centeno considera que así como el Tribunal Quinto no tomó en cuenta la prueba de ADN, de igual forma otros tribunales de apelación no tomaron en cuenta la auditoría jurídica al caso realizada por el Consejo de la Magistratura.

“Nadie habla nada de la auditoría jurídica, o sea es lo mismo que me ocurrió con la prueba de ADN, mientras yo salía en Sucre a repetir una y mil veces a la prensa sobre la prueba de ADN, recién pusieron la prueba en el cuadernillo de investigaciones, pero no se ha tomado en cuenta en las resoluciones esa prueba y ahora lo mismo quieren hacer con la auditoría jurídica”, apuntó.

“Todo esto es un complot y la Fiscalía actúa de esa manera”, lamentó Centeno.

Cafferata lleva 13 años en la cárcel de Palmasola sin que ninguna autoridad judicial haya preservado su derecho a la defensa que fue vulnerado desde un inicio del proceso, en el que incluso hubo tortura. La sentencia constitucional para un nuevo juicio fue incumplida por las autoridades que en su mayoría son los mismos que lo sentenciaron y que ahora ocupan otros cargos jerárquicos, y que en un oscuro contubernio impiden que se haga justicia.

/ANF/




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