La Paz, 27 de mayo de 2026 (ANF). - Debido al bloqueo de carreteras y conflictos sociales que se registran en el país, la vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera, advirtió que el Gobierno está vulnerando los derechos humanos de la población por omisión al no asumir acciones en los bloqueos.
“El Estado es garante de los derechos humanos y, en la actualidad, está vulnerando por omisión. Si bien es cierto como defensores de derechos humanos, nosotros miramos con una mirada bastante crítica esta medida de estados de excepción, sabemos que el Estado no tiene otro nivel de actuación. Se están vulnerando derechos que luego van a tener que responder. En todo caso, el Estado boliviano está contra la pared”, afirmó Herrera en declaraciones a la ANF.
Se cumplen 27 días del paro indefinido que convocó la Central Obrera Boliviana (COB) por la falta de atención de sus demandas por parte del Gobierno. Inicialmente, las protestas se concentraron en La Paz y El Alto, pero ahora se extendieron a varias regiones del país.
Las movilizaciones se tornaron violentas ya que no se deja pasar ambulancias y, esa situación, derivó en la muerte de cuatro personas, se prohibió el ingreso de alimentos e insumos médicos a La Paz y El Alto. Incluso, las protestas terminaron en actos vandálicos.
Herrera analizó la posible aplicación de un estado de excepción debido a la conflictividad que atraviesa el país y consideró que se deben tomar en cuenta dos aspectos:
Primero, frente a la vulneración de los derechos de las personas como la libre circulación, acceder a una atención médica oportuna, el derecho a la alimentación y otros se debe acudir a la aplicación de un estado de excepción para restablecer el orden en el país.
Segundo, señaló que una disposición de esas características sin una regulación corre el riesgo de que las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana se extralimiten al momento de hacer cumplir la disposición, situación que puede derivar en la vulneración de derechos humanos.
Recordó que en el país no existen buenos antecedentes sobre la aplicación de esas medidas, por lo que consideró que se deben agotar los canales de diálogo y acercamiento con los sectores movilizados.
Un Estado débil
Herrera dijo que el país es un Estado débil ya que las instituciones públicas y movimientos sociales no pudieron resolver los problemas sin afectar a la población, por esa razón se emplea un estado de excepción.
Advirtió que el debilitamiento de las instituciones del Estado se dio durante los últimos 20 años que gobernó el Movimiento Al Socialismo (MAS) ya que politizaron muchas de ellas, los dirigentes fueron acallados con beneficios y cargos en entidades estatales.
“20 años ha significado el debilitamiento de las instituciones públicas y de las organizaciones sociales que antes tenían principios y valores, uno de ellos fundamentales era el derecho a la vida. Sin embargo, se ha llegado a extremos como los que se están dando actualmente, situaciones casi criminales”, manifestó.
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