La Paz, 9 de junio de 2025 (ANF).- Golpes, torturas, extorsiones y corrupción generalizada forman parte del prontuario institucional que arrastra la Policía Boliviana. Diversos informes de organismos internacionales y nacionales han documentado el deterioro ético y estructural de esta fuerza. Sin embargo, en plena carrera electoral, la mayoría de los partidos opta por la evasiva o por propuestas vagas para enfrentar la urgente necesidad de reforma.
Las denuncias por violaciones a los derechos humanos abarcan desde la represión violenta en protestas, como en 2019 y 2020, hasta la práctica sistemática de tratos crueles en centros de detención. Golpes, asfixias y descargas eléctricas han sido señaladas por Amnistía Internacional y el Comité contra la Tortura de la ONU.
A este historial se suman redes de corrupción dentro de la institución: compra de ascensos, cobros ilegales a ciudadanos, vínculos con el narcotráfico y un aparato incapaz —o reticente— de fiscalizar a sus propios miembros.
En este escenario, resulta importante conocer qué dicen —y qué no dicen— los partidos que buscan gobernar Bolivia. La revisión de sus propuestas sobre reforma policial evidencia una constante: la mayoría evade el tema o plantea reformas con generalidades.
Uno de los pocos partidos con una propuesta estructurada es Nueva Generación Patriótica (NGP), que impulsa a Jaime Dunn como candidato presidencial. Su plan propone una transformación de fondo, desde un cambio de paradigma institucional hasta mecanismos concretos de rendición de cuentas y vigilancia ciudadana.
NGP plantea dejar atrás el enfoque represivo, que ha caracterizado a la Policía en la última década, y avanzar hacia una lógica de servicio público, proximidad comunitaria y protección de derechos humanos.
Entre sus medidas destaca la creación de una Comisión Independiente de Depuración, con jueces, fiscales, universidades y organismos internacionales, que se encargue de evaluar a todos los efectivos mediante exámenes de confianza, análisis patrimoniales y pruebas con polígrafo.
La propuesta contempla la expulsión inmediata de policías implicados en corrupción o violaciones de derechos humanos, con prohibición de reingreso a la institución.
Asimismo, impulsa un sistema de carrera policial basado en la meritocracia, rotación obligatoria de mandos, auditorías públicas anuales y veeduría ciudadana a través de plataformas digitales.
A nivel tecnológico, NGP propone un Sistema Nacional de Inteligencia Policial articulado con bases de datos nacionales e internacionales, una unidad especializada en cibercrimen y cámaras corporales obligatorias para prevenir abusos.
En cuanto a confianza ciudadana, el plan de Gobierno incluye una aplicación anónima para denuncias, trabajo conjunto con juntas vecinales y un enfoque de reconciliación institucional con la ciudadanía.
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